La implantación del segundo juzgado de lo Penal obligará a reestructurar la Audiencia

La voluntad de los responsables judiciales es que se generen las mínimas molestias posibles, pero van a ser «inevitables» en determinados momentos de la reestructuración de espacios, avanza el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando. En cuanto a la previsión de plazos que baraja el Ministerio, el propósito es que los trabajos den comienzo «en noviembre», indica el magistrado, ya que antes hay que licitar la obra.

La reorganización diseñada consiste en el traslado de la sede actual del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, sito en las instalaciones de la calle Fernán González, a los pies del Acueducto, a las dependencias que se crearán en el vetusto edificio de la Audiencia Provincial de la calle san Agustín. Ese lugar que dejará vacante será ocupado por el segundo juzgado de lo Penal, por lo que el edificio de Fernán González aglutinará los dos órganos segovianos encargados de estas plantas judiciales.

Las carencias de espacio han sido una constante en las memorias de los últimos años firmadas por Pando y sus predecesores en el cargo. La incorporación del juzgado número 6 no va a ser el único cambio que incluye el proyecto que está en manos del Ministerio de Justicia. También está prevista la mudanza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, en la actualidad emplazado en la planta baja de la Audiencia Provincial, que se trasladará también al último piso, a tenor de las explicaciones de Pando.

Eso quiere decir que se desmantelará el piso que ha venido ocupando el exfiscal jefe de Segovia en la planta superior del edificio, Antonio Silva, quien se jubiló el pasado mes de abril. Ese lugar se acondicionará para acoger sendos juzgados. E incluso el propio presidente de la Audiencia Provincial va a «sacrificar» para la causa parte de su vivienda, también en la parte de arriba del palacio judicial.

Los espacios que queden libres por el traslado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 en la planta baja se aprovecharán para habilitar al menos una sala de vista más, que se sumará a las existentes ya en el inmueble de la calle San Agustín, y que debido a la formidable actividad que se vive en los distintos tribunales, se han mostrado insuficientes, como ha quedado patente en las memorias de la Audiencia Provincial de Segovia remitidas al Consejo General del Poder Judicial. El traslado a la planta alta del edificio de sendos órganos (el número 2 y el 6) va a obligar también a readaptar la escalera para que sea accesible hasta el lugar que ocupa ahora la vivienda del exfiscal jefe, apostilla el presidente.

En cuanto a la cronología de las obras que se van a llevar a cabo a partir de otoño, la primera reforma que se ejecutará será la del piso superior del actual Palacio de Justicia y consistirá en «suprimir» el piso que ocupó Antonio Silva «y algunas habitaciones» de la actual vivienda del presidente de la Audiencia. «Salvo por los golpes y el ruido propio de los trabajos que se tengan que hacer, no tiene por qué afectar al día a día» de la actividad judicial que alberga el viejo inmueble.

Luego los trabajos de acondicionamiento se trasladarán a la planta baja para habilitar el sitio para la sala de vistas nueva en donde opera ahora el juzgado número 2. Estas obras sí pueden provocar más trastornos y es más que posible que se tengan que suspender y posponer algunas citas del devenir judicial diario, como juicios orales o vistas. En cuanto a los tiempos, «hay margen para las obras», matiza Ignacio Pando, ya que la implantación del segundo juzgado de lo Penal en las dependencias de Fernán González está prevista en los planes el Ministerio para el mes de mayo del año que viene.

El presidente de la Audiencia da la bienvenida anticipada al llamado Penal bis, ya que va a suponer un alivio en la resolución de esta litigiosidad. En la última memoria, Ignacio Pando señalaba que «si bien es cierto que el número de registro no alcanzaría el módulo de entrada de dos juzgados que es de 400 asuntos para uno de lo Penal con ejecutorias), el existente supera el límite máximo de uno, con 424, con una evidente disminución de la cifra en el año 2018 en relación con los anteriores».