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La tregua por la catástrofe de la DANA en el calendario de movilizaciones en el transporte de viajeros acabó y la convocatoria de huelga para ... este jueves 28 y viernes 29 se mantiene. El paréntesis abierto desde los primeros paros de finales de octubre no ha acercado posturas para sellar un acuerdo entre empresarios y la representación sindical de los trabajadores. Sin embargo, sí hay novedades en cuanto a que dos centrales que sí secundaron la medida de protesta hace un mes se caen de este nuevo llamamiento que sostiene Comisiones Obreras (CC OO).
Unión General de Trabajadores (UGT) y el Sindicato Libre del Transporte (SLT) han llegado a un acuerdo con las patronales Confebus y ATUC, por lo que se desmarcan de las jornadas de huelga programadas -28 y 29 de noviembre y 5 y 9 de diciembre-. Según exponen fuentes de la organización ugetista, el pacto «avanzará en la protección de los derechos de los conductores profesionales y se garantizará un marco de actuación responsable y efectivo para todo el colectivo».
Dicho acuerdo hace referencia a la solicitud de los coeficientes reductores y la compensación de posibles desajustes económicos, por lo que «la inseguridad jurídica» que pesa sobre el sector ya que la Administración podía tardar meses, e incluso años, en evaluar la solicitud, en función de la carga de trabajo o de prioridades política «queda resuelta», añaden.
En opinión de UGT, el acuerdo con las representaciones empresariales «garantiza la presentación de forma conjunta con la patronal de la solicitud de coeficientes reductores, que era el motivo principal de la convocatoria de huelga». Este sindicato señala que, con el pacto alcanzado, se da el «compromiso» de presentar las instancias dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, desde la entrada en vigor del Real Decreto.
Comisiones Obreras, sin embargo, no lo ve así. La propuesta de las patronales sigue siendo insuficiente y tensa la cuerda con el mantenimiento de la huelga, con los efectos sobre los distintos servicios de transporte. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Segovia, Ángel Nieto, indica que las negociaciones que se han desarrollado «han fracasado». Así pues, los paros siguen en pie.
Son muchos los viajeros afectados que tendrán que buscar alternativas para desplazarse a sus destinos por trabajo o estudios por la supresión de frecuencias, como ya ocurrió hace un mes. Solo la línea Segovia-Madrid, que explota el grupo Avanza, es utilizada por entre 5.000 y 6.000 pasajeros diarios en las fechas laborables como las señaladas por los paros convocados. De no llegar el acuerdo, la huelga sería indefinida a partir del 23 de diciembre.
A menos de 24 horas, si se quiere sacar un billete, tanto desde la capital de España a todas las paradas de Segovia, incluidas las de los municipios donde hacen escala los autobuses semidirectos, y viceversa, la web de la compañía que presta este servicio ofrece un total de 67 expediciones (30 desde Segovia y 37 desde Madrid). Lo habitual en una jornada laboral es que haya 127 viajes, sumados ambos servicios (68 que parten normalmente de Segovia y 59 que lo hacen desde Madrid).
Estro quiere decir, que a falta de que Avanza publique los servicios mínimos, la huelga en el transporte de viajeros repercutirá en la supresión de sesenta servicios de la citada línea.
Nieto focaliza en los coeficientes reductores el talón de Aquiles en las negociaciones con las empresas. El documento al que han dado el visto bueno UGT y SLT «no recoge una fecha para la solicitud de la aplicación» de dichos coeficientes, los cuales se aplican para calcular el importe de la pensión de los trabajadores cuando se produce una jubilación anticipada. El portavoz de Comisiones Obreras en Segovia añade que el pacto a partir del cual se han desmarcado de la huelga los otros dos sindicatos «lo pospone a la publicación de un Real Decreto que establezca un nuevo procedimiento administrativo».
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO pone los ejemplos del transporte de mercancías por carretera y de las grúas autopropulsadas. En ambas actividades se firmó con las patronales un plazo de 20 días para llevar a cabo la solicitud conjunta, «algo que en el caso del transporte de viajeros no se ha producido». Esta central considera «imprescindible que para que el acuerdo no quede en una mera declaración de intenciones y comprometa a las partes se lleven a cabo acciones concretas en un plazo determinado».
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