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En apenas dos días se cumple un mes del comienzo de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Un total de 16 trabajadores de la provincia secundan de forma unánime las protestas y han paralizado completamente el sistema judicial. Los retrasos van ... en aumento y el importe económico retenido se acumula, hasta alcanzar ya los dos millones de euros. Por el momento, no hay visos de que la situación mejore a partir de la llegada de un acuerdo.
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Los antiguos secretarios judiciales tenían sus esperanzas depositadas en la reunión celebrada entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga la pasada semana. Después de más de 16 horas de negociación, ambas partes abandonaron el edificio ministerial al no haber acercamiento. «La situación es desesperante», reconoció la letrada de del Juzgado nº 1 de Segovia y de la Audiencia Provincial, Esmeralda Hernán.
Como sucede ya desde hace cinco semanas, los profesionales segovianos volvieron a concentrarse en el Palacio de Justicia este martes para mostrar su rechazo al fracaso de la negociación y al incumplimiento de los compromisos alcanzados en marzo. Advierten de la parálisis que repercute en gran medida en los ciudadanos, así como en el conjunto del sistema judicial. A día de hoy, se cifran casi 500 juicios suspendidos en la provincia y más de 300 declaraciones penales y un millar de escritos procesales pendientes, entre otras cuestiones.
Uno de los aspectos más preocupantes es que, entre todos los letrados, suman dos millones de euros retenidos correspondientes a consignaciones que no se han aprobado. Es el caso del dinero de las multas, que no recibe el Tesoro Público, además del importe de embargos e indemnizaciones. Respecto a las pensiones de alimentos, el comité de huelga ha aconsejado hacer la transferencia para evitar crear molestias a los ciudadanos más vulnerables.
A ello se une la recomendación de avisar de las suspensiones con una mínima antelación con el fin de evitar desplazamientos innecesarios. «Esto demuestra una clara voluntad de minimizar los perjuicios que se están causando, al contrario que hace el Ministerio, que no quiere resolver el conflicto», coinciden los letrados segovianos.
ESMERALDA HERNÁN
Letrada
El comité también ha notificado que el «único hueco disponible» en la agenda de la ministra Pilar Llop es el 1 de marzo, fecha prevista para retomar las conversaciones. A juicio de los juristas, es una «irresponsabilidad» demorar más tiempo la resolución de la huelga, ya que la recuperación de la normalidad en el sistema judicial sobrepasa el año.
«Esperamos que todo se solucione pronto», insistió Hernán, quien afirmó que llegarán «hasta el final». A diferencia de otros lugares, en Segovia «somos muy cercanos y conocemos a los ciudadanos afectados, nos los encontramos por la calle y ellos nos preguntan cómo van sus casos; es muy duro», lamentó. Ejemplifica con las bodas, acciones que incluso «la compañera de Registro Civil celebró estando de huelga al considerar el gran perjuicio que causaba a los contrayentes», añadió la letrada.
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