Segovia

Los hoteles rechazan el registro de viajeros y piden a Interior que se lo replantee

En Segovia, la patronal Hotuse ha expresado su desacuerdo con la medida: la considera poco operativa y cree que el Ministerio del Interior debe replanteársela revisando en profundidad el contenido del Real Decreto 933/2021, que establece nuevas obligaciones de registro de viajeros y la solicitud de determinados datos de los huéspedes. La norma exige todo tipo de operadores turísticos, públicos o privados, plataformas digitales y personas físicas no profesionales la obligación de identificar ante las autoridades a los huéspedes a los que alquilan sus alojamientos.

«Presionamos y la entrada en vigor se ha aplazado hasta el 2 de diciembre, pero la cosa no está nada clara, primero porque la plataforma del Ministerio del Interior donde hay que colgar esos datos no funciona correctamente, y después, porque se está pidiendo algo que en ningún otro país europeo se exige: datos de los huéspedes tan personales que, con la ley de protección de datos en la mano, no pueden pedirse», señala el gerente de Hotuse, Javier García Crespo.

El rechazo del Real Decreto 933/2021 ha sido generalizado y unánime desde el principio y ha ocasionado una enorme tensión en todos los sectores del turismo. Ese «profundo» malestar dio lugar a un documento conjunto de los hoteleros, de las plataformas de intermediación y de comercialización de viviendas de uso turístico, de las agencias de viaje, el turismo rural, los campings y las empresas de alquiler de vehículos. «Todos entendemos que, por seguridad, se identifique a todos los huéspedes, pero de ahí a pedir los datos que se quieren pedir hay un trecho. Además, no es operativo. Si de golpe llega a un hotel una excursión con decenas de turistas o de participantes de un congreso, el tiempo que tendrán que esperar hasta que se identifique a todos causará un perjuicio tanto al establecimiento como al propio cliente. En un país turístico como este, esta medida no se resultará ni mucho menos operativa».

El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, cree que la normativa debe tener en cuenta la forma en que se desarrolla la actividad turística y, conociendo su operativa, se desarrollen propuestas viables que proporcionen seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas obligadas. «Todo ello, con la garantía de que no suponga una pérdida de competitividad para España y una carga administrativa incomprensible e inadmisible para el sector».

Los hoteles reclaman un «diálogo constructivo» con el Ministerio del Interior que no ha tenido lugar durante el último año y lamentan que se haya hecho caso omiso a todas las propuestas que han formulado, lo cual ha generado una «preocupante» sensación de imposición de una norma, «a sabiendas del caos que iba a producir si definitivamente se hubiera puesto en vigor», señalan fuentes de CEHAT, que representa a más de 16.000 establecimientos en toda España.