Hosteleros exigen un mayor control de vivienda turística ante la reciente «proliferación»

La «proliferación» de viviendas de uso turístico preocupa a los trabajadores de la hostelería. «Están creciendo como setas: hay tantos pisos ilegales como legales», asegura el presidente de la Asociación de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse-Aihs), Jesús Castellanos. A su juicio, las inspecciones que se deben realizar para comprobar si un inmueble cumple con los parámetros y requisitos establecidos en la normativa para destinarlo a alquiler temporal son «casi nulas». Por ejemplo, algunas de las obligaciones consisten en que el titular debe presentar una declaración responsable sobre el desarrollo de la actividad, así como realizar inversiones para dotar a la vivienda de unos servicios concretos y ajustarse a los estándares de calidad.

Pero esto no siempre se cumple. «No juegan con las mismas reglas», esgrime. La asociación hostelera ha solicitado ayuda en varias ocasiones a las administraciones competentes para combatir la existencia de pisos que no están dados de alta en el área turística pero se publicitan en los portales especializados. «Hacemos de policía; nos pasamos el día mandando anuncios a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Segovia para que vean el lugar en el que se sitúan este tipo de alojamientos», explica Castellanos. Sin embargo, «lo único que nos han transmitido que no hay personal para hacer los controles».

La presidenta de Festur, Rocío Ruiz, reconoce que se trata de una cuestión que está creando «incluso conflictos» entre los asociados. «La ley no está realmente bien redactada y tiene contradicciones», sostiene. Y al tratarse de una modalidad que «funciona», son muchos los que desembarcan en este tipo de negocios, pero no del mismo modo. «Se denuncia que uno lo hace de una forma y otro de otra, pero es que hay veces que la normativa lo permite cuando eso no es lo normal: ahí está el problema», considera.

Por ello, Ruiz es partidaria de redactar un nuevo reglamento «más claro», que recoja lo que se puede hacer y lo que no. «El primer paso sería juntarse con los represenantes del sector para llegar a un acuerdo», defiende. «Esa es la fórmula que se debe seguir», corrobora el presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo en Segovia, Gerardo Otero.

En el medio rural la situación se agrava aún más. «Aquí no hay pisos turísticos, son chalés turísticos que normalmente se corresponden con segundas viviendas en urbanizaciones», explica. Ante una falta de uso, los propietarios «tratan de sacarle rentabilidad». Algunos de ellos optan por convertirlos en alojamientos «cumpliendo con la normativa». El problema son los que esquivan este procedimiento, pues «hay varios casos».

Lo mismo sucede con el modo en el que se tributa la actividad, ya que las viviendas de uso turístico pueden hacerlo como renta de capital inmobiliario y «no se cobra el IVA», mientras que las casas rurales lo hacen como actividad económica y sus gerentes deben enfrentarse a tasas más elevadas. «Están compitiendo deslealmente con el resto», concluye.