Los hosteleros esperan que la nueva normativa sirva para controlar los alojamientos ilegales

La entrada en vigor de este nuevo reglamento estaba planteada por el ejecutivo para el 27 de abril de este año. Sin embargo, las diatribas que muchos negocios han encontrado en su aplicación, han significado el aplazamiento hasta 2023 del funcionamiento de las bases de datos operantes con la nueva ley.

Esta posposición traslada sosiego a los hosteleros segovianos. «La tranquilidad que tenemos es que esto se va a prorrogar hasta el año que viene y disponemos de más tiempo para prepararnos», afirma Jesús Castellanos, presidente de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (Hotuse-Aihs). Desde el gremio señalan los inconvenientes que encararán los hosteleros con esta normativa; las dificultades que pueden entrañar el alto número de gestiones solicitadas y sus características. «Hablamos de menores, hablamos de personas que no tienen DNI… son gestiones en ocasiones muy complidas. Esto para negocios pequeños puede suponer que se tenga que contratar a una persona más».

También existe la sospecha de si la información que debe ser solicitada a los clientes respeta en plenitud la vigente ley de protección de datos. «No sabemos realmente si la nueva normativa de recepción de clientes permite todo lo recogido en la ley de protección de datos», señala el representante gremial.

Para Jesús Castellanos, de cara a la implantación del nuevo reglamento en 2023, la prioridad es clara: «Entendemos que esta ley funcione en favor de la seguridad, pero queremos que todo lo que se nos exija se pueda cumplir y que se nos facilité la manera de cumplirlo». Los establecimientos cargarán con la responsabilidad legal acerca de la exactitud de los datos tomados. El incumplimiento de esta normativa podrá acarrear sanciones de hasta 30.000 euros. Además, el Real Decreto obligará a cumplimentar la información no solo de los adultos, sino también de los acompañantes menores de catorce años.

Toda información recabada será transmitida, con la mayor inmediatez posible, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante una aplicación informática que los mantendrá en continuo contacto con hospedajes y empresas de alquiler.

Casilda Giráldez, responsable de los hoteles El Rancho y La Posada del Rancho, señala el beneficio que esta nueva ley puede acarrear para el gremio, especialmente en relación a los alojamientos fraudulentos. «Queremos que se tengan los alojamientos ilegales controlados y también la gente que acude a las casas rurales. La manera de hacerlo es dando datos. No hay otra». La hostelera comprende el requerimiento de tanta información a los clientes. «No estoy en desacuerdo con la normativa, es un tema que nos complica un poco la vida, es un rollo, pero va a permitir que la economía que no está declarada salga a flote. A la larga puede ser bueno para todos».

Pero, sin lugar a dudas, la seguridad es «la razón principal» por la que se sobreentiende la utilidad de la normativa. «Hasta ahora no pasábamos los datos de ningún menor, ahora con la nueva ley estaremos obligados. En la reunión mantenida, las autoridades nos lo explicaron claramente: hay muchos casos de secuestro de menores en hoteles, más de los que imaginamos. Esto, sumado a padres que se llevan a sus hijos alejándolos del otro progenitor, padres que no pagan la pensión y se encuentran en busca y captura… Una manera de controlar estas cosas es dando datos», explica Giráldez.

En cuanto a la capacidad de actuación de los hosteleros, la preocupación fundamental incurre en la necesaria adaptación digital de los negocios para hacer frente al obstáculo que supondrá la recopilación de tantos datos. «Lo único que pedimos los hosteleros son ayudas importantes para digitalizar todos los datos: escáneres de DNI, programación informática con su correspondiente explicación…». «No queremos que llegue diciembre y nos pille el toro», concluye Casilda Giráldez.