Del Henar a la Catedral: los 731 bienes que la Iglesia inmatriculó

El informe final, presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, concluye que la Iglesia no inmatriculó durante esos años ningún bien que no contara con la documentación requerida (todos se hicieron «a la luz de la legalidad»), pero, al mismo tiempo, abre la puerta a la reclamación de administraciones o particulares que puedan demostrar que son los titulares de esos bienes (casi 35.000 en todo el país)inscritos por la Iglesia.

Llama la atención la cantidad de bienes inmatriculados entre 1998 (ley de Aznar) y 2015 (entrada en vigor de la reforma de la ley hipotecaria), pero muchos fueron inscritos a través de procedimientos normales de compraventa o herencia dentro del mismo, explica el vicario general de la Diócesis de Segovia, Ángel Galindo. «En realidad son 407 bienes a los que se refiere el Consejo de Ministros, porque buena parte de los 731 que hay en nuestro listado son propiedades que se inmatricularon o inscribieron cuando se hizo una compra o se recibió una herencia», señala Galindo. Es el caso de las 90 fincas que la Iglesia inmatriculó en mayo de 2013 en el término municipal de Trescasas, que llegaron a manos de la Diócesis como legado de un particular. Con ellas se siguió el proceso normal de inmatriculación, no el previsto con la reforma legal de Aznar. La mayoría de los bienes que la Iglesia ha registrado al amparo de aquella legislación son iglesias, ermitas, cementerios... «Se inscribieron conforme a la legalidad vigente, como bien ha dicho el propio Gobierno. Los edificios inmatriculados han sido lugar de culto de manera ininterrumpida, durante siglos incluso. La Iglesia los ha utilizado, los ha cuidado, y llegó un momento en que hubo que poner en claro las propiedades. Amparados por la ley, empezamos, pues, a registrar esos bienes, y estas son las inmatriculaciones que hemos remitido al Gobierno y que pueden consultarse en la página web de la Diócesis», apunta Galindo.

La publicación del listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia desde 1998 abre la puerta a posibles reclamaciones por parte de administraciones o de particulares que puedan demostrar con documentos que son propietarios de esos templos, ermitas, cementerios, fincas o locales. «La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo», dice Galindo, que expresa el ofrecimiento del Obispado para aclarar o reparar cualquier error que se detecte: «A la Iglesia le parece bien que el Gobierno haya dado el paso de publicar esas listas de bienes. De hecho, el propio Consejo de Ministros ha visto que la Iglesia ha obrado legalmente. Y, por supuesto, la Iglesia está dispuesta a corregir cualquier defecto. Si alguna persona o alguna institución considera que en algún caso se ha obrado de forma errónea, lo vemos, lo discutimos y ya está».

Las entidades contrarias a este proceso de inmatriculación, como la plataforma Recuperando o la asociación Europa Laica, califican de «gran trampa» que haya que plantear recursos en los tribunales ante posibles inscripciones irregulares.«Si hay bienes que no se reclaman, se da por hecho que son de la Iglesia, y hay miles de municipios de pocos habitantes que no tienen capacidad para litigar procesos que se prolongarían durante veinte años».