Los testimonios de la operación 'Adelita': «He hablado con chicas a las que obligaban a abortar y a pedir asilo político»

Los testimonios revelan la buena fe de estos inmigrantes, casi todos forzados, engañados. Hablan por sí mismos y por lo que han escuchado a otras víctimas. D. J. llegó al intercambiador de transporte de Moncloa (Madrid, donde contactaba con ellos Elena cuando llegaban a España) como su hermana: «Nos decía que tenía una asociación de Cruz Roja que le permitía dar cursos, pero nos dimos cuenta de que ni cursos ni nada, a mi hermana le decía que hiciera su casa».

Para otras mujeres la experiencia fue aún más traumática. Contaba D. J. que «he hablado con chicas a las que obligaban a abortar y a que fueran a sacar el papel para pedir asilo político, con amenazas de que si no les iban a denunciar para que les echaran del país». Se fueron dando cuenta de que «a muchas chicas les han forzado con muchas cosas». Incluso les llegaban a encerrar: «Una tuvo que ponerse toda la ropa encima y dejar la maleta para poder salir».

Llegaron hasta la cabecilla de la red porque en su país les hablaban de ella conocidos o algunas empresas, porque otros les dijeron que «conseguía trabajo», y les pedía, relata A. M., que mandaran «fotos completas de otras personas de nuestro país que querían trabajar, pero la fundación no existía». Con la esperanza de una vida mejor viajaron a España, vía Panamá y París, y luego en tren y autobús hasta Madrid. Y pagaban entre 250 y 350 euros, en algún caso hasta 500, por las gestiones para que les buscaran un empleo que, si llegaba, era muy precario y sin regularizar.

C. M. perdió todo lo que tenía en Honduras. «Dejé mi trabajo, vendí mis tierras y me vine para trabajar acá, me ofrecía trabajo para recoger naranjas, y luego fue retrasando las fechas, estábamos hasta cuatro en una habitación y no teníamos un día libre». H. A. llegó con una promesa parecida, llegó a trabajar «nueve días en la naranja en Huelva», pero no ha visto un euro y, además, «me trataron muy drásticamente».

La colaboración con la Guardia Civil y la Justicia les sitúa en régimen de protección y les permitirá regularizar su situación en España. Ahora, todos declaran ante el juez, y afirman que «no queremos que pase esto a ninguno de nuestros compatriotas».