La Guardia Civil de Segovia desarticula un grupo criminal especializado en estafas a la PAC

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil del Puesto de Nava de la Asunción tuvo conocimiento de la denuncia que interpuso una persona sobre unos hechos relacionados con una presunta estafa a la Solicitud Única de Ayudas de la PAC. Ante la existencia de indicios de que podría tratarse de una actividad delictiva realizada en varias zonas de la comunidad castellana y leonesa, el equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia se hizo cargo de las investigaciones.

Las pesquisas llevaron a los agentes a descubrir entonces una supuesta sociedad civil cuyos representantes y administradores serían los responsables de un engaño en contratos privados sobre la cesión temporal de fincas para la percepción de la ayuda de la PAC.

En concreto, el contrato incluido en la denuncia establecía la cesión temporal de varias fincas en una localidad andaluza durante un periodo de un año, acordándose entre las partes un precio de arrendamiento, para así proporcionar documentos falsos que ampararían ante la administración autonómica la posesión de los terrenos y completar el cupo exigido para pedir la ayuda.

El órgano autonómico encargado de fiscalizar estas subvenciones de manera habitual lleva a cabo por su parte los correspondientes controles de seguridad en todas las solicitudes únicas de Ayudas PAC, y pudo comprobar en varias la existencia de una serie de recintos que resultaban alejados del lugar físico de la explotación agraria general detectada. Así, puso en tela de juicio que formaran parte de la misma explotación, al encontrarse en otras comunidades autónomas alejadas de Castilla y León.

Miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Segovia de la Guardia Civil mantuvieron diversas reuniones con personal dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería (Dirección General de Política Agraria Comunitaria) de la Junta de Castilla y León, y en estas conversaciones se llegó a la conclusión de la existencia de varios casos más, perfectamente identificados, los cuales estarían en igualdad de circunstancias fraudulentas con el detectado originariamente.

A raíz de un estudio detallado de los expedientes encontrados, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial lograron establecer e identificar plenamente a un grupo debidamente organizado que se dedicaría a la falsificación de la documentación para realizar, por un lado, contratos de cesión de superficies, y por otra parte, arrendamientos y subarrendamientos rústicos de temporada sobre fincas y terrenos (ubicados fuera de la región) de propietarios que no conocían tal hecho. Además conveniaban otros contratos con profesionales agrícolas que aprovecharían los documentos para justificar la tenencia y realización de un trabajo que realmente no habría sido ejecutado, y de esta manera solicitaban a la Junta de Castilla y León una subvención agrícola de la administración europea (Política Agraria Común).

Según las investigaciones, la presunta organización criminal contactaría con sus 'clientes', profesionales agrícolas, de varias formas: a través de anuncios en prensa común, en páginas web especializadas del sector o de anuncios en general, ofertando los terrenos que previamente habrían sido localizados en provincias como Córdoba, Badajoz o Toledo, todo ello sin el consentimiento de sus legítimos propietarios.

Una vez finalizadas las primeras investigaciones, el dispositivo de la Guardia Civil de Segovia se centró en localizar a las personas que habían suscrito las subvenciones amparándose en los documentos falsos; posteriormente, la actividad policial se dedicó a la localización de todos los integrantes de la presunta organización criminal, contando para ello con la colaboración de la Guardia Civil de Córdoba y Palencia, ya que se trataba de personas que dificultaban su rastro de manera muy profesional. Por eso los agentes tuvieron que poner en práctica diversas técnicas policiales para poder dar con su paradero actual.

Como término a la investigación, entre los meses de agosto y septiembre se investigó a 18 personas en las provincias de Segovia, Valladolid, Salamanca, Burgos, Zamora y Palencia, por su presunta participación en varios delitos de estafa al solicitar de manera irregular la subvención PAC.

Una vez finalizada la primera fase de la operación, los días 23, 24 y 26 de octubre de 2018, se procedió en las localidades de Córdoba y Palencia a la detención de cuatro personas como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal, quienes conformaban la red que llevaba a cabo el entramado.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha conseguido desbaratar una presunta organización criminal que hubiera facilitado estafar a la Administración más de 102.000 euros en subvenciones a la PAC; además, hay que añadir el dinero percibido fraudulentamente por la organización de las personas que contactaron con ellos, cifra que rondaría los 21.000 euros.

Gracias a la labor preventiva de detección de las estafas, el dinero descubierto ha podido ser destinado a sus fines.

Tanto las diligencias como los detenidos e investigados han sido puestos a disposición de los diferentes juzgados provinciales de guardia de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora y Segovia.