Los grupos municipales piden a Fomento que libere de peajes las autopistas

Las precisiones de los portavoces de los demás grupos convencieron al concejal de IU para que modificara el texto de la resolución, de manera que tuvo el respaldo de todos para trasladarla al Ejecutivo y pedirle que cumpla «estrictamente» la sentencia europea. En definitiva, el cambio está en el punto segundo, que plantea que cuando se cumpla el periodo de concesión de las respectivas autopistas (reducido a siete años en una segunda sentencia de 2012, de modo que el de la AP-6 termina el año próximo y el de la AP-61 y AP-51 en 2024) «no se volverá a prorrogar y su explotación se realizará de forma directa por el sector público».

Es decir, que no se saque a concurso una nueva concesión para gestionar estas vías de alta capacidad y que a partir de 2019 y 2024 «los que circulen por ellas lo harán libre de peajes». En el punto tercero incluye la petición al Gobierno de que aplique «fórmulas compensatorias viables» tanto desde el punto de vista técnico como económico «para eliminar el agravio histórico que sufre la ciudadanía de Ávila y Segovia por el pago del peaje» en las conexiones con Madrid, de acuerdo con la redacción alternativa que plantearon el concejal socialista José Bayón y la portavoz del PP, Raquel Fernández, para ser «realistas» y no forzar que, si asume la gestión pública antes de que finalice la concesión, el Estado tenga que pagar indemnizaciones millonarias, en torno a 400 millones de euros según Fernández.

Si los populares no dieron de entrada el visto bueno a la moción de IU fue porque, explicó la portavoz, «da por hecho que el Gobierno no está cumpliendo la sentencia» europea y el texto de la propuesta era «demasiado taxativo», pues su grupo defendía que antes informara el Ejecutivo de si está cumpliéndola y, si no lo hace, explicara por qué. Fernández manifestó que estos ajustes «en la vía del pragmatismo» también tienen en cuenta que se debe sancionar a la concesionaria por el episodio de primeros de enero, además de que se rebaje «al máximo» el peaje y que sea compatible con la «compensación realista» por el fin de la concesión.

De hecho, Galindo había destacado antes que en siete años Fomento podría volver a sacar a concurso la concesión de la AP-61 porque, salvo el cumplimiento de la sentencia europea, «nada garantiza la explotación por el sector público», a pesar de que la ley establece un periodo máximo de 50 años que, en el caso de la AP-6, expiró el pasado 18 de enero.

Ya comentó el pasado miércoles en su visita a las obras de la SG-20 el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que en noviembre de 2019 concluirá el contrato y que su departamento no tiene previsto ampliarlo, pero esta declaración no satisface a IU ni al PSOE ni a Podemos ni a los colectivos y plataformas que exigen la eliminación de los peajes porque no es válida la prórroga concedida por la anterior ministra, Ana Pastor. Y no les convencen, según dijo Galindo, porque se suma a todo eso la situación generada el 6 y el 7 de enero «con miles de personas atrapadas en la AP-6», cuando no ocurrió eso a pesar de la nevada en otras autopistas gestionadas por el sector público.

También consideraron todos los grupos la motivación expuesta por IU y por el concejal del PSOE José Bayón de que el peaje constituye «una barrera económica para todos los segovianos que se desplazan a Madrid» y «una limitación para el desarrollo de Segovia». Además, la moción insta a Fomento a que haga un seguimiento del cumplimiento de los contratos por las concesionarias, para que garanticen las condiciones de seguridad y eviten «episodios como el de las últimas nevadas» de enero.

En un último apartado, el Ayuntamiento pide al Gobierno que ponga en marcha «las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6 libre de peajes como variante de la localidad de San Rafael».

Al expresar su apoyo a la propuesta, el portavoz de centrados en Segovia, Cosme Aranguren, aportó otra de las claves: «No hay que olvidar que la AP-6 es la autopista más rentable de España, que es muy golosa (para las empresas), y es abusiva la propuesta del ministro de indemnizar a la concesionaria».