La gratuidad de la enseñanza de 2 a 3 años llega a Segovia con polémica por falta de negociación

El último curso de este primer ciclo de Educación Infantil servirá para sentar las bases de esta nueva modalidad que no llega exenta de polémica. La falta de información a los centros educativos, la ausencia de negociación con los sindicatos, la necesidad de más personal o el miedo de los docentes a asumir funciones que no les corresponden son aspectos que generan incertidumbre.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de centros educativos públicos (Fedampa) de Segovia, Noelia del Barrio, asegura que este era un paso muy necesario en el sistema educativo. «Las familias tenemos que trabajar, pero para ello es fundamental la conciliación, que no puede depender de los ingresos disponibles para poder pagar la educación de los hijos», advierte. En esta etapa, de 0 a 3 años, la escolarización de los menores será opcional. Sin embargó, Del Barrio insiste en que tiene que haber plazas suficientes para cubrir toda la demanda porque «no sería justo que algún niño se quedara fuera». Asimismo, comenta que está medida debería de haberse implantado hace varios años.

Por otra parte, tiene claro que estos avances tienen que llevarse a cabo dando prioridad a la escuela pública porque «es la que garantiza la igualdad» y es que, a su juicio, «quien quiera privilegios se los tiene que pagar». Por el momento, este curso serán 55 los centros de la provincia que ofertarán esta enseñanza, 16 de ellos en Segovia capital.

Sin embargo, la reivindicación de priorizar los centros públicos, que también trasladan los sindicatos, no se ha tenido en cuenta, ya que en la capital 9 de los colegios que ofertan plazas gratuitas para niños de 2 años son concertados y solo 5 son públicos. A ellos, se suman una Escuela Infantil de la Junta de Castilla y León y un Centro Municipal Infantil. Sin embargo, en la provincia la mayoría de los centros que acogerán esta enseñanza son municipales.

Noelia del Barrio destaca que para colegios de Educación Infantil y Primaria como San José, Santa Eulalia, Martín Chico o Eresma agregar un nuevo ciclo de Educación Infantil puede ser «la sangre que necesitan para subsistir». Estos centros se encuentran en situación crítica debido al descenso de matriculaciones porque «en la actualidad hay muchos conciertos y pocos niños». De hecho, según los datos proporcionados por el Complejo Asistencial de Segovia, en los últimos 7 años los nacimientos han caído un 21%, pasando de 968 en 2015 a 764 en 2021. Además, la pandemia ha acelerado el proceso, ya que el descenso medio con respecto al año anterior era de 3,3%, pero en 2021 ha caído un 6,8%.

En la misma línea, el secretario general de enseñanza de CC OO en Segovia, Óscar Sancho, subraya que si la escuela pública no recibe al alumnado de 0 a 3 años está «herida de muerte». Otra de las consecuencias de dar prioridad a la concertada es que «muchos niños que inicien su etapa escolar en estos centros continuarán sus estudios en ellos, provocando un abandono cada vez mayor de los colegios públicos».

A ello se suma la escasez de plazas generalizada que hay en los centros públicos para Infantil. A su juicio, lo óptimo para una ciudad como Segovia sería que la mayoría tuvieran doble línea, sin embargo, en la actualidad tan solo hay una línea por curso, lo que supone que solo admiten a veinticinco niños.

Para Anpe Segovia, la enseñanza concertada siempre ha sido subsidiaria de la pública, aunque con esta decisión la Junta de Castilla y León da un giro a este planteamiento, según su presidenta, Cristina Olmos. Desde su punto de vista, los centros privados son necesarios porque «el horario es diferente y hay familias que por temas de conciliación lo necesitan, pero los 988 niños de 2 años que hay en Segovia deberían tener garantizada una plaza en un cole público, ya que son los únicos que garantizan la igualdad». Por su parte, la responsable de Educación de CSIF en Segovia, Yolanda González, explica que todos los públicos deberían tener la posibilidad de implantar este nuevo ciclo de Infantil y «si no tienen recursos hay que proporcionárselos». Tal y como se ha hecho la asignación considera que puede suponer un trastorno para los padres si tienen al mayor escolarizado en un centro público en el que no hay curso de 2 años porque no les quedaría otro remedio que llevar a sus hijos a colegios distintos.

Uno de los aspectos que más ha molestado a los sindicatos de la implantación este nuevo curso gratuito de Infantil es que la administración autonómica no haya pactado con ellos las condiciones. «La Junta de Castilla y León miente como una bellaca cuando dice que han negociado con las centrales sindicales porque no ha sido así. Lo que han hecho es coger unos fondos europeos que estaban destinados al sistema público para repartirlos entre los amiguitos que tienen una empresa educativa y eso es malversación de fondos públicos», lamenta Óscar Sancho, de Comisiones Obreras.

Ante el que califica de un obscurantismo absoluto e intolerable de la Junta de Castilla y León, Sancho anuncia que el sindicato va a pasar a una segunda fase más agresiva y va a comenzar a denunciar y a llevar a los tribunales todos los incumplimientos de la administración. Así, manifiesta que no se trata de un caso aislado, sino que «por norma nos engañan, tergiversan y manipulan». Además, reclama a la administración autonómica que deje de recurrir cada sentencia que pierde porque «nosotros acudimos a los tribunales con el dinero de nuestros afiliados, pero ellos tienen la costumbre de recurrir todo, aunque sepan que no pueden ganar y lo hacen porque saben que no es su dinero, es dinero público». Esto supone además de «malgastar el dinero de los ciudadanos que los procesos se alarguen durante años para llegar al mismo resultado», según Sancho.

En cuanto al procedimiento, Yolanda González, responsable de Educación de CSIF Segovia, detalla ha sido vergonzoso porque «pedimos información al inspector y nos dijo que no sabía nada, pero al día siguiente salió publicado en todos los medios». No cesan en su intento de obtener todos los datos del proyecto y ahora han preguntado a la administración regional por los criterios que han tenido en cuenta para la selección de centros. También quieren saber número de plazas disponibles en la provincia para los niños de 2 años porque ni siquiera saben si cubrirán toda la demanda existente, ya que por el momento la administración autonómica no ha proporcionado más información.

Al respecto, lamenta que no se haya hecho un estudio real de necesidades y posibilidades y que haya sido una decisión «que prioriza a los centros concertados, sin ningún tipo de planificación y con una ausencia total de claridad».

La presidenta de ANPE Segovia, Cristina Olmos, comparte esta visión e incide en que «lo más molesto es que este tema de calado no haya pasado por la mesa sectorial de educación». En su opinión, esta medida era necesaria, pero «se ha implantado a escondidas y de mala manera». De hecho, cuenta que la Junta de Castilla y León se ha limitado a hacer «una especie de encuesta para ver si los centros tenían posibilidad de abrir un aula de 2 a 3 años, pero sin analizar las posibilidades reales, las plazas necesarias y sin pedir opinión a los maestros».