El Gobierno evalúa las autopistas para decidir la fecha de su liberación

«Todavía no disponemos de una solución en ese sentido», declara Lirio Martín. La subdelegada del Gobierno en Segovia explica que en noviembre se han recogido los últimos datos sobre la densidad del tráfico en las autopistas y ahora será el turno de analizarlos para determinar por cuál opción se decanta el Gobierno. «Son valoraciones que se tienen que hacer en base a lo que aludía esa sentencia (del Tribunal de Justicia de la UE). Es una cuestión técnica. Son unos datos que hay que analizar y cuando se avance en ello decidiremos», añade la representante del Estado en la provincia, quien no pone plazos de tiempo para tomar una decisión, resolución que Martín afirma es independiente de la formación de un nuevo gobierno.

Diferente opinión tiene Julio Huerta, portavoz de la plataforma Ávila Libre de Peajes (convertida en partido político desde hace meses). «Nosotros entendemos que hasta que no haya un gobierno establecido no habrá decisión», afirma Huerta. No obstante, señala que la decisión se debería haber tomado en noviembre y que por ello la Comisión Europea podría multar al Estado, tal y como recuerda que ocurrió entre 2010 y 2012, el tiempo que transcurrió entre la sentencia del tribunal europeo y la redacción de un Real Decreto 525/2012 del que asegura «es ahora cuando se dará cumplimiento».

La concesión de la AP-6, AP-61 y AP-51 a la empresa Iberpistas en el año 1999 fue resuelta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una condena al Estado por haber vulnerado las directivas comunitarias sobre contratación pública, al adjudicar la totalidad de los tramos de peaje de la AP-6 y no solo las conexiones con Segovia y Ávila. En 2012 se trató de modificar la concesión con el Real Decreto 525/2012, en el que se recoge que es potestad del Gobierno (del Ministerio de Fomento) decidir el modo en el que se compensará a la adjudicataria por la reducción en siete años de su periodo de concesión. «Tienen que darle como mínimo hasta 2024 y pagarles siete años de indemnización según sus beneficios anuales. Son unos 60 millones de euros al año, por lo que sería unos 400 millones los que tendría que pagar el Estado cuando se aplique el Real Decreto», explica Huerta.

El portavoz de Ávila Libre de Peajes (no existe una plataforma similar en Segovia) entiende que además de pagar a la actual concesionaria, lo «lógico» sería que el Gobierno decidiera concluir la concesión en 2024 con la liberalización de peajes en las autopistas. «Esa es la política que están siguiendo en los últimos años. Es lo que han hecho en la AP-1 en Burgos, en la que conecta Sevilla y Cádiz, Alicante y Tarragona, lo que harán en la que une Tarragona y La Junquera... Pero nosotros estamos a la cola de todo y no nos oyen. No sabemos qué pasará», afirma Huerta.