Segovia

El Gobierno descarta la variante de San Rafael por el coste y los plazos que requiere

Es la respuesta que el propio Ministerio ha trasladado al Defensor del Pueblo tras la denuncia que el año pasado formuló, ante esta institución, la Plataforma Solución Travesía de San Rafael, preocupada por la «grave situación vial» que la localidad sufre en la actualidad y el «perjuicio económico» que supone para Segovia y Ávila la existencia de los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61.

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Quique Yuste

La decisión del Ministerio, conocida a través del Defensor del Pueblo, indigna a los inetgrantes de la plataforma vecinal, que reprochan al Gobierno no ofrecer solución alternativa alguna (y mucho menos definitiva) al problema de seguridad vial que la actual travesía de San Rafael representa. «En la práctica, esto supone que el Ministerio de Transportes va a continuar con la intolerable dejación de funciones que ya se remonta a décadas atrás y que toda aquella fuerza política que continúe hablando del proyecto de la variante de San Rafael como solución futura a este problema lo que está haciendo realmente es mentir a la ciudadanía, toda vez que ya tenemos la confirmación oficial de que la variante de San Rafael no se va a realizar», señala el portavoz de la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael, Juan Manuel Gea Fernández.

En su contestación, el Ministerio aporta información sobre mejoras ejecutadas en el equipamiento vial de las carreteras N-6 y N-603 a su paso por San Rafael, entre ellas la instalación de tres radares foto-rojo, muy polémicos por la cantidad de multas que han propiciado. «Mejorar el firme de la carretera o llenar de multas a los vecinos con los radares foto-rojo en nada soluciona un problema cuyo origen no es otro que la ingente cantidad de vehículos que utilizan las carreteras N-6 y N-603 como alternativas gratuitas a las paralelas autopistas AP-6 y AP-61», añade Gea.

Una vez confirmado por el Ministerio que la variante de San Rafael no se va a realizar, la plataforma vecinal ha solicitado al Defensor del Pueblo que exiga una solución al Ministerio de Transportes, ya sea mediante bonificaciones al peaje (como ya se hace en la AP-9 gallega) o la liberalización del peaje de la AP-6. «En este sentido, hemos informado al Defensor del Pueblo de las posibilidades legales que otorga la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que permite la supresión de la explotación por razones de interés público, lo que permitiría el levantamiento del peaje de la AP-6 como solución definitiva al problema de la travesía de San Rafael», afirma el portavoz de la plataforma vecinal, siempre partidario de la construcción de una variante semejante a la que de la vecina localidad madrileña de Guadarrama, ejecutada en el año 1997.