El Gobierno decidirá el futuro de las autopistas segovianas en noviembre de 2019

La actual adjudicataria de estos corredores segovianos es Castellana de Autopistas, que desde el 30 de enero de este año se hace cargo de la conservación y explotación de la AP-6, amén de ser la titular de los otros dos ramales, tal y como figura en el informe elaborado por el Ministerio de Fomento sobre estas infraestructuras viarias. Ese estudio se asienta sobre los cimientos de los números transmitidos por las propias compañías al Estado y solo registra datos sobre las autopistas en España hasta 2016. Sin embargo, refleja bien a las claras el negocio de subir y bajar las barreras de peaje, ya que los ingresos obtenidos a partir de pasar por caja por el hecho de circular por ellas han crecido mucho más que el volumen de usuarios.

El anterior ministro de Fomento, aún con el Partido Popular al frente del Ejecutivo central, Íñigo de la Serna, desveló el pasado enero, tras el caos producido por la nevada del fin de semana de Reyes en la AP-6, que el Gobierno se comprometía a revisar en noviembre de 2019 la concesión sobre esta autopista. Fundamentalmente, el Estado ha de decidir si mantiene la explotación privada vigente en función de la cantidad de tráfico que soporta. Esta particularidad entronca con la renovación de la explotación, que se materializó el pasado 30 de enero, fecha en la que debería haber concluido si se atiende a la primera concesión, de 1968. Lo que sí ocurrió ese día fue el relevo. Castellana de Autopistas tomó el testigo de la adjudicación de Iberpistas, ambas del grupo Abertis.

Sindicatos, partidos políticos, movimientos ciudadanos y plataformas de diversa índole confiaban en el final del contrato en dicha fecha. Esta esperanza tenía su razón de ser en una sentencia europea de 2010 y en su estricto cumplimiento por parte del Gobierno. Dicho fallo contra España se produce tras la denuncia que interpusieron en el año 2000 Comisiones Obreras y el colectivo ecologista Centaurea. En él, el Tribunal Europeo consideró que se vulneraron directivas comunitarias que regulan la contratación pública al no reflejar en el pliego de construcción, conservación y concesión todas las obras que debía realizar la empresa en referencia a las conexiones de la AP-6 con la AP-51 hacia Ávila y la AP-61 con Segovia. Un año antes de dicha sentencia, en 1999, el Ministerio de Fomento concedió a Iberpistas la construcción de la AP-51, la AP-61 y del tercer túnel de la AP-6 en Guadarrama, prolongando esa concesión por un periodo comprendido entre los 32 y los 37 años. En 2012, el Gobierno publicó un real decreto en el que redujo en siete años la concesión para dar cumplimiento así a la sentencia europea.

El Gobierno de Pedro Sánchez asume, pues, la herencia de determinar en noviembre de 2019 la duración de la explotación.