Segovia

El Gobierno deberá licitar la concesión de las autopistas siete años más desde 2029

A raíz de la denuncia que presentó hace un año ante la Unión Europea (UE) sobre las irregularidades en la concesión de las autopistas, la plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha recibido un documento de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que confirma lo que sus miembros ya sabían: las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 deberán volver a licitarse otros siete años, a contar desde el 19 de noviembre de 2029, fecha en que expira la actual.

«Esto quiere decir que el Ministerio de Transportes oculta información, pues ha de sacar a licitación la explotación de estas vías siete años más para cumplir con el compromiso adquirido por España con la UE y ejecutar así nada menos que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea derivada de las irregularidades en la concesión de 1999, que aplazará el final efectivo y definitivo de estos peajes hasta el año 2036», señala Óscar de Diego, miembro de la plataforma.

La concesión, adjudicada sin la debida publicidad en 1999 por el primer Gobierno de José María Aznar, debía tener una duración de entre 32 y 37 años, es decir, hasta una fecha a determinar entre 2031 y 2036. «El entonces Ministerio de Fomento licitó la construcción del tercer túnel, de la variante de Guadarrama y de un cuarto carril entre el túnel y Villalba, y no lo adjudicó por concurso público, sino a dedo, por decirlo de alguna manera. Abertis fue la beneficiaria. Centaurea y Comisiones Obreras de Ávila denunciaron la irregularidad y el caso acabó llegando a Europa», recuerda De Diego. El 22 de abril de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por la opaca adjudicación, y el Gobierno se comprometió a cumplir con la sentencia restando siete años a la concesión, que pasaba a tener una duración de entre 25 y 30 años (es decir, hasta una fecha a determinar entre 2024 y 2029), indemnizando por ello a la concesionaria y volviendo a licitar los siete años restados. «Fue el Gobierno de Zapatero el que lo negoció en 2011. Después, las medidas se concretaron en un decreto de 2012 firmado ya por el primer Gobierno Rajoy».

¿Y por qué hasta 2029? «Porque el Gobierno de Sánchez decidió en 2020 que la concesión aguantaría hasta el 19 de noviembre de 2029, el plazo máximo posible, lo cual fue muy lamentable, porque existía la opción legal de acabar con la actual concesión en noviembre de 2024, es decir, dentro de unos meses», explica Óscar de Diego.

La consecuencia es que el Estado deberá indemnizar a la actual concesionaria por la reducción de los siete años con una cifra «que se aventura astronómica» y que aún no se ha cuantificado. Además, esos siete años restados al periodo concesional volverán a licitarse públicamente, llevando el final de estos peajes a 2036 (en vez de al año 2018, como correspondía con la primera adjudicación de 1968 ). «Para colmo la actual empresa concesionaria, además de ser indemnizada multimillonariamente por esos siete años reducidos, probablemente podrá concursar».

Los miembros de la plataforma no entienden que España se comprometiera con la Comisión Europea a licitar de nuevo estos siete años de concesión si ya debían ser indemnizados a la concesionaria. «El PSOE, formación que preside el Gobierno, es consciente de la obligación de licitarlos», afirma De Diego. El propio Luis Tudanca, secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, lo recogía en una Proposición NO de Ley (PNL) elevada a las Cortes de Castilla y León en 2018. «Se reduce la concesión a Iberpistas en siete años y le indemniza con una cantidad que todavía no es pública. Tras esos siete años volverán a salir a concurso», decía el documento presentado por los socialistas. «En la información que difundió en enero, el Ministerio de Transportes incorporaba conscientemente la palabra 'previsiblemente', quizá para aparentar que solo quedan cinco años de concesión y continuar con su dejación de funciones a la hora de dar solución al problema de la travesía de San Rafael. Pero en realidad quedan casi trece años de peajes en las tres autopistas», concluye este representante de la plataforma.

Solución a la Travesía de San Rafael tiene muy claras las posibles medidas que el Gobierno puede adoptar para poner fin a la situación de masificación de vehículos que la carretera N-VI sigue soportando, con el consiguiente peligro que ello entraña cuando penetra, en forma de travesía, en la población de San Rafael. «La plataforma tiene claro que la solución al problema llegaría con la supresión de la explotación de las autopistas por razones de interés público. Se trata de una medida legal porque está recogida en el artículo 264 h) de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de interés público», advierte De Diego. «Esto permitiría el levantamiento del peaje de la AP-6».

Otra alternativa pueden ser las bonificaciones que ya se aplican en la AP-9 gallega o en la A-66 astur-leonesa, opción que la actual subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, defiende. «Ayudarían, pero no sabemos hasta qué punto paliarían el problema. Se habla de bonificar el tráfico pesado cuando la travesía soporta a diario el paso de 12.000 vehículos, de los cuales solo 1.400 son camiones. ¿Qué hacemos con los 10.000 coches que pasan diariamente? En la variante de Guadarrama, que es el caso con el que nos comparamos, el paso de vehículos pesados está prohibido y el del resto de vehículos está bonificado al cien por cien», dice Óscar de Diego.