Los funcionarios estiman que hay suspendidos más de 630 juicios en Segovia

Con carteles que exigían mejoras en su situación laboral, los funcionarios volvieron a salir a la calle para proclamar sus derechos. Martín lamentó que se continúe sin acuerdo ni novedades por parte del Ministerio de Justicia: «No hay negociación desde la última vez que nos convocaron, hace tres semanas. Solo nos llamaron para convalidar el Real Decreto que subía los sueldos a los letrados y, como se dieron cuenta de la barbaridad que era negarnos nuestra subida, suspendieron la reunión y no se ha vuelto a saber nada. La ministra está huida desde la Feria de Abril y el secretario de Estado, desde hace tres semanas».

Según el balance realizado por el sindicato, serían más de 630 los juicios suspendidos en la provincia de Segovia a causa de las huelgas. «Julio es un periodo de menos actividad, y un 25% de los funcionarios ha aprovechado para coger las vacaciones, cosa que hasta la semana pasada nos habían prohibido hacer. Y en esas estamos. Se han suspendido otras tantas declaraciones de imputados y hay un retraso de siete u ocho meses dependiendo de la jurisdicción. En lo Social es de casi diez meses y en otras, de seis a siete meses. A todo ello se une el inminente traslado a la Ciudad de la Justicia, en Nueva Segovia, previsto para después de verano, y suponemos que será un caos. Pero ni a la ministra de Justicia ni al secretario de Estado les importa esto mucho porque no dan señales de vida», declaró el representante de los trabajadores.

El seguimiento de la huelga empieza a disminuir porque los días pasan y el acuerdo para las mejoras laborales exigidas sigue sin llegar. «Es que somos mileuristas. Es lógico que disminuya. Si al principio el seguimiento era de cerca del 80%, ahora es de la mitad. El Ministerio de Justicia está siguiendo una vieja táctica de los años 70, que es derrotar a los huelguistas por inanición. Somos mileuristas, tenemos hipotecas que afrontar y algunos se han descolgado. Otros han aprovechado para coger vacaciones, ahora que se puede, no vaya a ser que el Ministerio cambie de opinión. Parece mentira que estas cosas ocurran con un Gobierno progresista», añadió Martín.

Los funcionarios en huelga son conscientes del trastorno que la medida está causando en un sector muy fatigado desde hace décadas, como al mismo tiempo denunciaron los abogados, pero aseguran contar con el respaldo de la ciudadanía: «El mensaje es muy sencillo: si haces unas funciones que no te corresponden, tienes derecho a que se retribuyan de una manera o de otra. La gente, cuando se lo cuentas, te comprende».

El anuncio de las elecciones anticipadas parece haber influido en la paralización de las negociaciones, pero la disolución de las Cortes también ha detenido la Ley de Eficiencia Organizativa y otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.