Los promotores del fallido residencial en el Velódromo, al banquillo

Cuatro días está previsto que dure el juicio contra los dos promotores inmobiliarios acusados de estafa impropia por quedarse indebidamente con 2,6 millones de euros a través de los pagos realizados por las personas que reservaron una vivienda en la promoción proyectada en los terrenos del Velódromo. Finalmente no construyeron las casas y tampoco devolvieron el dinero, por lo que la Fiscalía de Segovia solicita siete y ocho años de prisión para I.S.D.C y J.A.P.P., respectivamente, que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia a partir del 20 de noviembre, en un juicio que llega casi quince años después de fraguarse el proyecto.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal explica que Moldis Echarro S.L. encargó en el año 2001 a la entidad Promosegovia la gestión de compra de suelo en la unidad de actuación Velódromo-Altos de la Piedad para construir 350 viviendas, garajes, trasteros y locales. Fue en el año 2003 cuando se suscribieron contratos de reserva de las viviendas por parte de particulares, que entregaron, cada uno de ellos, 12.000 euros. De esta forma, Moldis Echarro acumuló 2,6 millones y, según la Fiscalía, no constituyó avales de esas cantidades ingresadas, tal y como exigen las leyes de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas y de ordenación de la edificación.

En noviembre de 2004, la sociedad transmitió todos los derechos a otra, Arkano Desarrollo Inmobiliario, que los asumió «con conocimiento de que no había saldo suficiente para hacer frente a las cantidades entregadas», señala el ministerio fiscal, y que también incumplió la norma de contar con un aval por el dinero ingresado.

Según explica el fiscal, los acusados –administradores de Moldis Echarro S.L. y Arkano Desarrollo Inmobiliario S.L.–, «con ánimo de ilícito enriquecimiento y a sabiendas de dicho incumplimiento, recibieron anticipadamente dichas cantidades en concepto de reserva de vivienda a cuenta del precio final de las mismas y se apoderaron de ellas sin formalizar los consiguientes contratos de compraventa».

La Fiscalía les acusa de estafa impropia y solicita ocho años para J.A.P.P. y siete para I.S.M.D.C., al que reconoce la circunstancia atenuante de «reparación del daño», ya que Moldis Echarro procedió a devolver a partir de 2006 parte de las cantidades entregadas a cuenta. Según la petición del ministerio público, ambos deberán indemnizar conjunta y solidariamente a cada uno de los perjudicados con 12.000 euros, con 24.000 a dos de ellos y con 60.000 a otro.