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Han pasado más de veintidós años desde que el entonces director ejecutivo del Insalud, Alberto Núñez Feijóo, hoy presidente nacional del Partido Popular, pusiera la primera piedra de la también primera reforma del Hospital General de Segovia. Fue el 15 de febrero del 2000. Dentro de la piedra hueca se colocaron los periódicos del día y varias monedas de peseta con el deseo de la mejor de las suertes para emprender una ambiciosa obra que pretendía aumentar en un 35% los espacios sanitarios de un complejo que se había quedado pequeño desde su construcción en la década de los setenta, «en el contexto del despliegue de grandes equipamientos sanitarios a cargo del Insalud que, como otros similares, se situó en las afueras de la ciudad», detalla el plan regional.
El Estado calculó dos años de convivencia de las molestias lógicas de todas reformas con la actividad sanitaria, con una inversión de 36 millones de euros, dieciocho menos que la prevista para la que será la segunda gran ampliación del centro asistencial. Pero los plazos y los costes acabaron siendo muy diferentes. Siete años y catorce días después de aquella primera piedra llegó el deseado momento de la inauguración de la renovada infraestructura sanitaria, que al final necesitó más de 64 millones de euros para traducir las intenciones sobre plano en la realidad sanitaria que anhelaba la provincia.
En el tiempo transcurrido desde 2000 hasta que Herrera descubrió la placa de la inauguración, las competencias en materia de Sanidad pasaron del Ejecutivo central a las comunidades. De ahí que expresidente regional aligerara el retraso que acumuló la ampliación al empezar a contar desde el 1 de enero de 2002, que es cuando Castilla y León sumió la gestión de la política sanitaria.
Aquella primera gran reforma sorteó todo tipo de contratiempos. A final de 2001, el Ayuntamiento, gobernado por el CDS y el PP, paralizaba las obras porque carecían de licencia. El traspaso de competencias también afectó a la buena marcha de los trabajos, al igual que la falta de entendimiento entre el Consistorio y la Junta por los accesos al recinto. Después llegaron inundaciones, apagones, quejas, el malestar de trabajadores y usuarios.
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Sara I. Belled y Leticia Aróstegui
Doménico Chiappe | Madrid
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