La falta de regulación del agua frena el desarrollo de los pueblos de La Atalaya

Margen tienen para la expansión y para introducir modificaciones en sus planes para promover mejoras urbanísticas en sus núcleos; pero el histórico conflicto sobre la concesión del agua que les corresponde del río Cambrones tiene paralizadas buena parte de sus aspiraciones. El alcalde de San Cristóbal, el más beligerante y vehemente al pronunciarse sobre este problema, califica el bloqueo de «vergüenza con letras mayúsculas». La opinión de Óscar Moral es compartida en términos más suaves, pero igual de firmes, por sus homólogos de Palazuelos de Eresma, La Lastrilla y Trescasas.

Cada municipio tiene su circunstancia particular y sus propios objetivos urbanísticos, pero a todos les repercute en mayor o menor medida en sus planeamientos la ausencia de acuerdo y de regularización por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sobre la concesión hídrica procedente del Cambrones.

El volumen estipulado actualmente para suministrar a las localidades se ha quedado pequeño, como demuestran los datos que manejan los ayuntamientos sobre el consumo que se hace en sus respectivos núcleos de población, que en ocasiones incluso duplica la dación fijada por el organismo regulador de cuenca.

«No está adecuado a la realidad», hacen hincapié los alcaldes. Los 30 litros por segundo de abastecimiento provenientes del caudal del Cambrones, tal y como estipula el marco regulador vigente, para satisfacer y cubrir la demanda de los cerca de 5.600 residentes de Palazuelos, o de los casi 4.200 habitantes censados en La Lastrilla, o de los más de 3.100 que viven normalmente en San Cristóbal, o de los aproximadamente 1.100 empadronados en Trescasas, se quedan cortos. De hecho, Moral deduce que si su municipio cumpliera el límite de los 30 litros por segundo mediante la colocación de un regulador que avisara de cuando se alcanzara el tope, «a partir de la una de la tarde nadie tendría agua».

«Los vecinos tenemos acceso al agua de hecho, pero no de derecho», lamenta Óscar Moral. En su explícita exposición del problema entre la Mancomunidad de La Atalaya y la Confederación Hidrográfica del Duero, afirma que los ayuntamientos afectados se sienten «ladrones de agua» cuando consumen más de lo que establece la concesión histórica que pretenden «adaptar a la realidad». Una práctica que asume y «permite» la CHD, añade, consciente de que si aplicara estrictamente los límites el conflicto se agravaría al verse una población de unos 20.000 vecinos sin el suministro suficiente.

Mientras la regularización se hace de rogar decenios, los ayuntamientos se lamentan del impedimento que se alza a sus planes de crecimiento. Palazuelos de Eresma es, posiblemente, el más damnificado. La población que se ha asentado en los núcleos edificados en torno a la carretera de La Granja «tienen resuelto» el problema del abastecimiento con la ampliación de la depuradora, obra que cuenta con los parabienes de las administraciones pero que no ha empezado a ejecutarse. El bloqueo hace más mella en el propio Palazuelos y en Tabanera del Monte. Ambas poblaciones «dependen de la ampliación de la concesión del Cambrones», apunta el alcalde, Jesús Nieto. «Llevamos veinte años dando vueltas» con la CHD.

Tanto esta localidad como sus vecinas de mancomunidad se abastecen de este río, salvo a lo mejor tres meses, sobre todo en época estival, en los que tienen que recurrir al complemento del Pontón Alto, indica Nieto. En el caso de su municipio, la falta de convenio que legalice el derecho al incremento del suministro del Cambrones tiene estancada la renovación de las normas urbanísticas de los años 80, una actualización que abriría la puerta a la expansión urbanística del término de Palazuelos y al crecimiento de su padrón.

La Lastrilla también se siente maniatada mientras no se modifique la concesión de agua. Su alcaldesa, Elisabet Lázaro, hace hincapié el que el problema no es la cantidad, sino los derechos históricos sobre las caceras. Una de las consecuencias que ha tenido sobre el desarrollo de la localidad es que «las normas de planeamiento urbanístico aprobadas en 2011 fueron recurridas por Ecologistas en Acción, que se basaron en que la concesión de agua por parte de la CHD no era suficiente, por lo que echaron para atrás esas normas».

El alcalde de Trescasas, Borja Lavandera, reconoce que quizás el impacto en los proyectos urbanísticos de su municipio es menor que en las otras localidades de la mancomunidad. «Nuestro crecimiento es contenido, de acuerdo con el modelo de pueblo que queremos», explica. Además, se junta la coyuntura actual, un contexto poco propicio a desarrollos de gran envergadura, piensa Lavandera, quien matiza que hay «mucho terreno urbano cerrando el círculo del municipio». De apostar por ello, el crecimiento sería, en cualquier caso, «de acuerdo con la concesión de agua que tenemos». Y es que Trescasas es el padrón más reducido de la mancomunidad. «Nuestro plan urbanístico está definido y aprobado en 2016», agrega el alcalde.

Los consistorios se amparan en la Ley del Agua, que da prioridad al abastecimiento humano. Por eso repite que los cuatro municipios tienen suministro «de hecho y no de derecho». El vigente marco concesional «nos obliga a robar agua para que nuestros vecinos puedan beber», incide Moral.

El alcalde de San Cristóbal de Segovia pone de relieve que la Mancomunidad de La Atalaya «tiene el agua que cogen sin licencia» del río Cambrones, ya que el consumo habitual en un núcleo como al que representa equivale a un suministro de unos 52 litros por segundo, 22 litros por segundo más que lo aceptado por la CHD. Palazuelos, en función de la época del año y de la población flotante, también está por los niveles similares de unos 50 litros por segundo para abastecer la demanda, calcula Jesús Nieto.

El alcalde de San Cristóbal también esgrime la obsolescencia de la concesión. Moral se refiere a la Noble Junta de Cabezuelas, entidad que defiende la continuidad de las caceras históricas del Cambrones y de Navalcaz y que de hecho presentó una férrea oposición a través de 1.500 alegaciones contrarias a los planes de extinción que barajó la Confederación Hidrográfica del Duero. Para Moral, «la figura jurídica no existe», a pesar de la representatividad de la que ha ejercido en el conflicto.

El alcalde de San Cristóbal persevera en explicar que la situación ahora no es la misma que en el siglo XVI. Hay que precisar que la cacera del Cambrones data de 1512, mientras que la de Navalcaz es de 1515. Tampoco hace falta remontarse tanto. En los últimos decenios, las localidades de La Atalaya «han seguido creciendo y necesitan que se les lleve el agua que defiende para sí la Noble Junta de Cabezuelas cuando ahora no hay la necesidad de regar pastos que había hace 400 años o para dar de beber a un ganado que tampoco existe».

La búsqueda de soluciones continúa con intentos de acuerdos con la CHD que se quedan eso, en tentativas. «O se cambia la concesión y se quitan los derechos para unos regadíos que no hay y un ganado que no existe, o se modifica la concesión del Pontón Alto para que los cuatro municipios tengan el derecho al agua que consumen», manifiesta el alcalde de San Cristóbal de Segovia. Moral es «escéptico» porque esta problemática se alarga más de veinte años en su versión más reciente.