La falta de espacio y la disfunción de las sedes sitúan la Audiencia de Segovia «al límite»

Y lo que es peor, «no hay posibilidad de habilitar huecos para incrementar su número ante el agotamiento de su espacio interior». La conclusión de este déficit estructural no es otra que la formidable dificultad con la que se topa la celebración de las vistas, ya que además de las procedentes de la jurisdicción penal también han de albergar las del orden civil, «cuyo número y dedicación horaria supera ampliamente tan limitada disponibilidad», concluye el diagnóstico firmado por Ignacio Pando para hacer llegar estas necesidades al Consejo General del Poder Judicial.

Agresores y víctimas, juntos

No es el único que se queja y que reclama más y mejores condiciones. La memoria de la Audiencia Provincial de Segovia también recoge el sentir de los Colegios de Abogados y de Procuradores, que demandan sus propias dependencias para el desarrollo de sus funciones. En el caso de los letrados, como ya ha manifestado también su decano, Julián Sanz, la dispersión de las sedes y órganos hace que no todas dispongan de una estancia propia donde poder colocarse la toga o algo tan básico y fundamental en su quehacer diario como es hablar con los clientes.

Pero si hay juzgado en el que el espacio –o mejor dicho, la falta de espacio– es más grave es en el de lo Penal bis, es decir, el de refuerzo. A principios del año pasado se habilitaron unas pequeñas instalaciones situadas en la planta superior del edificio en el que se ubica el juzgado de lo Penal, sito en la calle Fernán García, junto al Acueducto. Tal y como explica Pando en la memoria, en dichas dependencias se han abierto dos «microdespachos para juez y los letrados de la Administración de Justicia (conocidos antes como secretarios judiciales)». Pero la sala «no reúne las condiciones necesarias de seguridad, ya que obliga a todas las partes a permanecer «en una íntima proximidad», como lo define el presidente de la Audiencia Provincial.

Esto quiere decir que no existe la opción de establecer los llamados circuitos separados de acceso para alejar en la medida de lo posible a víctimas y acusados, «que deben compartir en el pasillo la espera hasta que son llamados», pone de relieve el informe de Pando, quien apostilla que es «inimaginable» a día de hoy dotar a estas dependencias del edificio de Fernán García de «algo parecido a una sala de espera».

La fiscal específica en asuntos de violencia de género, Inmaculada Martínez, va más allá y ejemplifica las complicaciones habituales con las que se ven obligados a convivir en su trabajo debido a esa ausencia de espacios adecuados. Así, para tomar declaración a un niño en el Palacio de Justicia de San Agustín, haría falta una especie de aula acondicionada para menores. En el Juzgado número 4 se necesitaría una dependencia especial donde pudiera estar la víctima para que no viera o coincidiera con el agresor. «Muchas veces, para evitarlo, le metemos en el cuarto de la fotocopiadora», reconoció Martínez.

Ante este escenario, no es de extrañar que el presidente de la Audiencia insista en reivindicar la construcción del nuevo Palacio de Justicia, cuyas obras llevan paralizadas desde el verano del año pasado. Pando recuerda que este bloqueo no ha sido el único que ha acumulado la edificación, cuyas obras comenzaron en el último trimestre de 2016 y al año siguiente ya estuvieron varios meses detenidas por el concurso de acreedores de la adjudicataria.

La incertidumbre sobre la continuidad de los trabajos se traduce en la indefinición sobre si se esperará a que el contrato sea cedido a otra empresa, o si al final es preciso licitar un nuevo concurso, con las demoras añadidas que conllevaría, recuerda Ignacio Pando. «En esta tesitura, hacer constar previsibles plazos de conclusión de la obra se antoja una quimera», apostilla en la memoria hecha pública por el Tribunal Superior de Castilla y León.

Otra de las preocupaciones que plasma negro sobre blanco el presidente de la Audiencia vuelve a estar relacionada con la dispersión de sedes y con las «limitaciones presupuestarias». Estos males redundan también en que «la evidente falta de medidas de seguridad».

Solo en San Agustín... y poco

La única sede que cuenta con medidas de seguridad es el Palacio de Justicia de la calle San Agustín, que dispone de un arco detector y de una ruta de entrada diferenciada para el público. Además, hay un agente de la Guardia Civil y dos más privados durante la parte central de la mañana; y uno solo de 8 a 15 horas, así como otro por las tardes cuando alguno de los juzgados de este edificio está de guardia.

En la oficina de lo Penal y en las instalaciones del de Primera Instancia e Instrucción número 6 existe un vigilante de seguridad privada. El resto de las sedes judiciales –el número 5, en Ezequiel González; el de Menores, así como los juzgados de lo Social y el de lo Contencioso– «carecen de cualquier medida de seguridad, como sucede en las dependencias de los otros tres partidos judiciales (Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva)». El presidente de la Audiencia precisa que, como solución más económica, se han instalado cámaras de videovigilancia en estos tres juzgados como medidas de disuasión.