La extracción ilegal de agua seca el acuífero de Los Arenales y agudiza su contaminación

La sobreexplotación de este acuífero, que nutre la zona oeste de la provincia de Segovia, supone terribles efectos para el medio ambiente y el más evidente es el agotamiento de los recursos hídricos, fenómeno ya acelerado por el cambio climático, pero también es un problema para los habitantes de estas tierras, porque aumenta la contaminación del agua que beben y supone una competencia desleal para los que las trabajan de forma honrada.

El informe publicado recientemente por la organización WWF bajo el título 'El robo del agua. Cuatro ejemplos flagrantes del saqueo hídrico en España' ha revelado estos preocupantes datos sobre el acuífero de Los Arenales, así como de la zona de Las Tablas de Daimiel, Doñana y el Mar Menor. Entre todas, se extrae ilegalmente una superficie de más de 88.000 hectáreas, lo que se traduce en más o menos una ciudad de Madrid y media. El agua robada en un año equivale a más de 65.000 piscinas olímpicas (casi 220 millones de metros cúbicos), casi la mitad del agua que consumieron los hogares de toda la Comunidad Autónoma de Madrid en 2018.

El objetivo de la organización es poner el foco en la urgencia de tomar medidas para frenar estas prácticas. Así lo resume en una entrevista el experto del programa de agua de WWF Rafael Seiz, uno de los autores del informe: «Lo que nos indican los efectos que estamos viendo del cambio climático es que en un futuro va a llover de manera distinta, y en muchos casos, menos, lo que se va a traducir en que las aportaciones de agua a los ríos van a ser mucho menores que las que hay ahora. Vamos a tener menos disponibilidad de recursos en superficie como ríos, y embalses. Si ante eso, lo que hacemos es un uso irracional y excesivo del agua subterránea, estamos consumiendo la reserva estratégica que nos puede salvar en algún caso. Es como si nos estuviéramos gastando los ahorros», advierte.

Una de las mayores incógnitas de este problema es saber quién extrae el agua de manera ilegal y está lejos de ser despejada. Ni siquiera existe información oficial acerca de esta sobrexplotación de recursos hídricos porque la autoridad competente, la Confederación Hidrográfica, no tiene recursos para ejercer un control exhaustivo de ello, según denuncia WWF. Para poder llevar a cabo el informe, los expertos de la organización han realizado un seguimiento de la superficie que se riega mediante la extracción de agua subterránea y lo han comparado con el perímetro que las autoridades del agua permiten que se riegue con estos suministros. Así, han separado 'las zonas con derechos' de las que no están dentro del límite que marca la Confederación, y han hecho una estimación, dependiendo del tipo de cultivo, de la cantidad de agua que se ha usado en las zonas no permitidas. En el caso del acuífero de Los Arenales, los principales cultivos en regadío son el cereal de invierno, los herbáceos de verano de alta dotación (la remolacha, la patata y la cebolla) y, en menor medida, el viñedo.

Sería muy difícil distinguir cuál es la fuente de suministro de esas zonas, pero se sabe que es de los acuíferos que están en esos lugares porque, como en el caso que afecta a Segovia, no hay cauces superficiales ni embalses suficientes desde los que poder hacer una toma: «En esa zona, prácticamente todo lo que se riega, depende de la tierra subterránea», resume Rafael Seiz. Sobre quiénes son los que roban el agua, desde la WWF trazan diferentes perfiles. Están los agricultores que tienen permiso para regar en una determinada zona, pero en realidad riegan más superficie de la que deben. Los hay que tienen un pozo asociado a una parcela, pero deciden regar la de al lado con ese mismo pozo para dejar descansar durante un año la primera: «Dicen que no gastan más agua, pero están regando donde no se puede», precisa Seiz. Esto es posible porque no existe, según denuncia la ONG, una comprobación sobre las personas autorizadas para sacar el agua: «Si no te vienen a mirar el contador, el acuífero no se queja», lamenta el experto. También están los que no tienen ningún permiso de la Confederación Hidrográfica pero construyen un pozo y simplemente extraen el agua. Esto ocurre porque se necesitan «permisos distintos» para realizar la extracción y para justificar después lo que quieres hacer con ella.

Estas malas prácticas reflejan, en opinión de Seiz, una falta de sensibilidad: «Hay mucha gente que sigue pensando que lo que hay debajo de su parcela es suyo, y no tienen conciencia de que los recursos hídricos son de todos. Con esa percepción, si uno puede, se lo salta, hace lo que le da la gana… Exige un cambio por parte de los usuarios», recuerda el experto.

Pero Seiz también puntualiza que los agricultores en muchos casos están presionados por el mercado, que cada vez exige más producción y, sin embargo, reporta menos beneficios. Según su análisis, la expansión del cultivo de regadío, muchas veces promocionada por el sector público con ayudas, ha aumentado la productividad por hectárea del campo. «Si aumenta la producción, los precios por unidad son cada vez menores y entran en un círculo vicioso, en el que para ganar lo mismo, necesitan trabajar más», razona Seiz, para quien se trata de un 'Sálvese quien pueda'. Y es en medio de este sistema donde hay quienes prefieren, o no tienen mucha más opción, que «arriesgarse a cometer una ilegalidad» por no quedarse fuera.

Y los hay también que, aun así, no lo hacen. Para Seiz, «el mayor delito» del robo del agua es contra los agricultores honrados, aquellos «que sí cumplen y se esfuerzan en seguir las normas a rajatabla y ven comprometida la seguridad de los recurso hídricos porque hay gente que ilegalmente está sacando agua», resume el experto.

Pero «el que pierde siempre, siempre, siempre es el medio ambiente», lamenta Seiz. En Los Arenales está bajando el nivel de agua por encima de su capacidad de recarga, lo que provoca a su vez que haya más concentración de nitratos por el uso de fertilizantes. Esto, además de a la naturaleza, afecta de manera directa a las personas que viven en muchos pueblos, que directamente no pueden beber agua del grifo de sus casas, como Balisa, Ochando, Lastras de Cuéllar y Alconadilla de Maderuelo, según datos de Ecologistas en Acción. Después del análisis realizado en su informe, WWF advierte que los cuatro casos estudiados no son ejemplos únicos y aislados, sino que más bien representan solo una muestra de un problema mucho más generalizado. «Si esto ocurre en estos lugares, que son sitios muy estudiados, ¡Qué no pasará en las zonas donde la administración no tiene puesto el foco!», se cuestiona Seiz.

La organización ha realizado una serie de peticiones para afrontar el problema, que pasan por dotar con más medios humanos y técnicos a las Confederaciones Hidrográficas para que pueda realizar «un control más efectivo» sobre estas malas prácticas. También que se complete el registro de agua de las confederaciones, una lista pública que refleja quién posee permisos de agua y para qué. Algo que ayudaría mucho también es una mayor coordinación entre las políticas sectoriales agrarias y las del agua, para que vayan a la par los permisos que se conceden para fomentar los cultivos de regadío con el agua que hay disponible para nutrirlos.

En el terreno de las sanciones, WWF pide introducir cambios en la normativa de la Ley de Aguas para endurecer el castigo por estas infracciones por daños al dominio público hidráulico. En la actualidad, las multas pueden ir desde los 500 hasta los 600.000 euros, pero en la práctica suelen ser de entre 5.000 y 10.000 euros, por lo que a muchos empresarios les «compensa» arriesgarse.