El exjefe antidroga reclamará al Ministerio una indemnización por «daños morales»

Han pasado 407 días desde que el que entonces era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (UDOA) de la Comandancia Provincial de Segovia fuera arrestado en su vivienda, dentro del propio cuartel de la capital y delante de sus compañeros. Agentes registraron sus dependencias particulares y las oficiales de la unidad.

«Se ha cuestionado y puesto en entredicho» al sargento Barbero y a todo su equipo, lamenta la letrada, quien esgrime, entre otros descargos, el extenso historial de operaciones contra el narcotráfico de su defendido, que de la noche a la mañana pasó a ser él el investigado precisamente por «aquello contra lo que tanto ha luchado», expone la abogada.

Moreno relata cómo han sido los últimos trece meses de Miguel Ángel Barbero y despieza las conclusiones del sumario de 800 folios, 500 de ellos «cargados de pruebas aportadas por nosotros», matiza. El final provisional de la historia ya es conocido: el sobreseimiento de todas las causas que pesaban sobre el sargento segoviano –tráfico de droga, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia–. Faltaban por esclarecerse el inicio y el nudo.

El origen se sitúa a orillas del Mediterráneo. Un confidente de Barbero está bajo la lupa de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Valencia. Dicha fuente, que no ha sido ni investigada, ni procesada ni condenada, mantiene contacto con un miembro de una red criminal dedicada al tráfico de droga, que a su vez está siendo investigada por el Juzgado número 3 de Sagunto.

Ahí empieza todo. La abogada explica que la Udyco valenciana avisa a la Policía Nacional de Segovia. Ambas dan credibilidad a sus informaciones, aunque la abogada del sargento observa que en el obrar de la Comisaría de Segovia hubo «envidias y celos profesionales» contra el jefe antidroga de la Guardia Civil en la provincia. «Los piques», insiste Susana Moreno al buscar una explicación a la manera de proceder por parte del Cuerpo Nacional. Asevera que ello derivó en «una investigación errónea».

La concatenación de actuaciones que estrechan el cerco en torno al sargento segoviano desemboca, tal y como estipula el protocolo, en el departamento de Asuntos Internos de la Benemérita, que hace «un atestado tendencioso y torticero porque trata de justificar lo que al mismo tiempo intenta de imputar».

La letrada se queja de que «nadie le preguntó nada [a su cliente], no hubo investigación, sino que se procedió contra él directamente mediante la detención y el registro». Va más allá y revela algunos detalles de cómo fue el seguimiento telefónico. «La Udyco de Valencia no tenía clara la relación con la fuente o dentro de la organización» que estaba bajo investigación por parte del Juzgado de Sagunto. Esas dudas se trasladan a la Policía de Segovia. «Les dieron la excusa para meterle mano».

Así pues, le intervienen el teléfono. En uno de esos 'pinchazos', Barbero conversa con un funcionario de la Policía Nacional. Susana Moreno apunta que no puede sacarse nada en claro porque habitualmente el exjefe antidroga «intenta salvaguardar la fuente por lo que no se expresa con soltura», recoge de lo que se dice en el sumario.

La interpretación de la Policía es otra, que es la que se traslada a Asuntos Internos, prosigue el relato de la abogada. Otro ejemplo de la «errónea investigación» seguida es la activación de un informe operativo porque «Miguel Ángel se para con otra persona en la calle José Zorrilla y están cinco minutos hablando... ¡de fútbol!».

Estos ejemplos «ponen de manifiesto que hubo una nula investigación por parte de Asuntos Internos de la Guardia Civil y falta de ética y moral en la Policía Nacional». Con respecto al atestado, el departamento interno de la Benemérita «se cuida mucho de decir que, al ser un especialista en delincuencia, puede hacer desaparecer pruebas o testigos».

El 25 de mayo de 2017, Miguel Ángel Barbero es detenido. Pasa dos días en los calabozos del centro penitenciario de Valdemoro, en Madrid, y es trasladado a la prisión valenciana de Picassent. Tras varios traslados, el 25 de julio presta declaración voluntaria una vez levantado el secreto procesal. Ese mismo día, el juez de Sagunto decreta su puesta en libertad con cargos.

La instrucción judicial terminó con el desenlace conocido del sobreseimiento definitivo de todas las causas. Barbero ha quedado libre de todos los cargos, como resuelve el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia, sobre el que se inhibió el tribunal de Sagunto el pasado enero.

El sargento, vinculado profesionalmente a la provincia segoviana desde 1993, es hijo de guardia civil, su hermano también está en el Cuerpo, recuerda su abogada. Aunque se ha sentido reconfortado por el apoyo de su familia, por los ánimos de sus compañeros de la unidad antidroga de Segovia, de la propia Comandancia Provincial y por el respaldo y la confianza de sus superiores, «el daño está hecho», concluye.

El final de la historia está abierto, no solo por la petición de indemnización al Ministerio y por la querella que sopesa poner contra Asuntos Internos de la Guardia Civil, sino porque Barbero se reincorporará a su puesto al frente de la Unidad contra la Delincuencia Organizada y Antidroga, como ya ha solicitado.