IU exige el cumplimiento de la sentencia de la planta de compostaje de Fuentepelayo

El coordinador provincial de IU y concejal en el Ayuntamiento de Fuentepelayo (Segovia), José Luis Ordoñez, afirmó que están estudiando si existe un caso de «posible prevaricación» en la actuación del equipo de Gobierno de este municipio, por no exigir a los tribunales la ejecución de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Segovia que condenó al empresario Juan Francisco Cárdaba y a la empresa Agraman a limpiar las instalaciones de la planta de compostaje.

Un auto que también recoge su obligación de eliminar la contaminación del agua y del suelo de las parcelas agrícolas utilizadas durante años y al aire libre como almacén de residuos en putrefacción. Ordoñez, que también es portavoz de la plafaforma ciudadana 'No más mierda', recordó que la sentencia condenatoria fue dictada por el Jugado de lo Penal n.º 1 de Segovia en 2019 y, el año pasado, la Audiencia Provincial la ratificó y «le ha dado la virtud de sentencia firme», tras rechazar el recurso presentado por la empresa condenada Agraman y su administrador único.

Ante la falta de acción del equipo de Gobierno del Partido Socialista en Fuentepelayo y su alcalde, Jesús Macario Arribas, el grupo municipal Fuentepelayo Unidad Popular presentó una moción en el Pleno del pasado 25 de junio, para instar al Gobierno municipal y a la Alcaldía la ejecución de la sentencia firme.

En el turno de votación se produjo lo que Ordoñez calificó como «sorpresa», ya que a favor de la moción solo votaron los dos concejales de Fuentepelayo Unidad Popular, dos votos en contra de ediles del PSOE y dos abstenciones, de una concejal del PP y el alcalde del PSOE. El séptimo voto no se produjo por la ausencia del otro edil del PP. Para Ordoñez, es «inconcebible» que el PSOE no apoye las resoluciones judiciales, que no exija ejecutar una sentencia firme.

«Puede haber prevaricación», añadió el concejal y coordinador de IU Segovia, por parte del equipo de Gobierno al no actuar en consecuencia con lo establecido en una sentencia judicial firme. Además, aseguró que desconoce porque no se han pronunciado públicamente ni en el propio pleno sobre la razón última de esta postura de emitir dos votos en contra y abstención del alcalde. «La motivación interna y política es desconocida», resumió.

Ordóñez remarcó que si hubiera un caso de prevaricación, si así lo determinara sus asesores jurídicos, lo denunciarán. «No podemos dejarlo pasar como si no pasase nada. Esa actitud no resuelve los problemas, se enquistan», subrayó. Por otro lado, no descartó que «el factor miedo pueda estar ahí flotando en el ambiente», por los antecedentes de este caso del administrador único de Agraman, que presentó una querella criminal contra el propio José Luis Ordóñez, además de atribuirle actos como quemar pajares, maquinaria o pegar al propietario de una gasolineras.

Desde la plataforma ciudadana 'No más mierda' ya están moviendo, a través de sus abogados, y con las diferentes administraciones públicas poner exigir la ejecución de la sentencia. Una de sus bazas más importantes, como documento público y oficial, es el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de Segovia.

La sentencia contra Agraman es firme y se tiene que ejecutar, por lo que harán gestiones ante el Gobierno municipal de Fuentepelayo, a cargo del grupo municipal de Unidad Popular, y ante la Subdelegación del Gobierno, así como la Junta de Castilla y León y los ministerios de Justicia y Medio Ambiente.

La movilización ciudadana de 'No más mierda' consiguió el cierre de la planta de compostaje pero todavía está por resolver los problemas derivados de la mala gestión de esta instalación, ratificada por la Audiencia Provincial. Ordóñez hizo referencia a «la enorme contaminación» en el agua tanto superficial como subterránea y en el suelo parcelas agrícolas como lugar de almacenaje de basuras, que se fueron pudrieron sobre el terreno y de las miles de toneladas que están dentro de las instalaciones.

La Junta de Castilla y León desembolsó 200.000 euros para la retirada de los montones de basura de las parcelas agrícolas utilizadas en Fuentepelayo y pertenecientes a otros términos municipales cercanos. No se actuó en el interior de la planta por la falta de una sentencia firme, un argumentó, remarcó Ordóñez, que ya no puede utilizar la Consejería de Medio Ambiente de la Junta porque ya existe.

En el auto de la Audiencia de Segovia de 2020 no se establecían plazos para eliminar la contaminación del agua, del suelo y del aire. «La sentencia establecía qué había que hacer y por qué pero no él cuándo y el cómo», afirmó el concejal del municipio de Fuentepelayo.

José Luis Ordóñez contó con el respaldo, en su comparecencia ante los medios, la portavoz adjunta de IU Segovia, Ana Peñalosa, que recordó que los vecinos de Fuentepelayo llevan sufriendo todos estos problemas desde 2010 y tienen derecho a la reparación del medio ambiente porque estamos ante «un problema de salud pública» generado por unas instalaciones que «nunca generó abono porque nunca organizó el proceso de compostaje».

Peñalosa dejó claro que desde Izquierda Unida de Segovia y de Castilla y León apoyan al pueblo de Fuentepelayo y se suman a las reivindicaciones de la plataforma ciudadana 'No más mierda'. Además reiteró la dejación de funciones de la Junta y su Consejería de Medio Ambiente por «la falta de control y fiscalización» de las empresas de gestión de residuos con «un almacenamiento descontrolado sin supervisión».

Desde IU exigieron «un papel más activo» de la Junta que ha tenido, en su opinión, «una actitud tibia cuando no cómplice» con las personas físicas y jurídicas de las personas que pusieron en marcha esta actividad económica y lamentó que el alcalde socialista de Fuentepelayo no solicite la ejecución de la sentencia.

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