La escasez de vivienda y el maltrato animal protagonizan las quejas al Procurador del Común

La vuelta a la normalidad tras los meses más duros de pandemia ha tenido su reflejo en la actividad del Procurador del Común, que es el nombre que recibe el defensor del pueblo de Castilla y León. Las quejas sobre sanidad ya no copan su agenda como lo hacían en 2020, cuando se presentaron cerca de 300 solicitudes para advertir sobre las demoras en la asistencia médica o el cierre de consultorios.

El número de expedientes que se han abierto en 2023, de acuerdo con el informe anual, ha sido mucho menor en comparación con la época inmediatamente posterior a la covid, pero se han tramitado más reclamaciones que el pasado año: un total de 95, lo que supone el 5,4% de las quejas atendidas en el conjunto de la comunidad autónoma. La amplia mayoría, como suele ser habitual, proceden del medio rural segoviano -un 68%- y se relacionan con la falta de servicios e infraestructuras en los pueblos, lo que incluso llevó al actual procurador, Tomás Quintana, a actuar de oficio.

Algunos de los asuntos tratados fueron el problema desabastecimiento de productos básicos en el nordeste, que se encuentra en estudio; y la ausencia de pavimentación de calles en la localidad de Tanarro, perteneciente a Sepúlveda, lo que a día de hoy se encuentra en tramitación. También se repiten otras temáticas habituales, como es el deterioro del patrimonio cultural, la petición de implementar mejoras en el sistema de extinción de incendios, casos de responsabilidad patrimonial o la escasez de vivienda.

Precisamente, se formuló una resolución dirigida al consistorio de la capital con motivo de las dificultades para acceder a un hogar de promoción pública o a un alquiler social. El organismo defensor tuvo que mediar en un conflicto con un propietario que declaró que no había contado con respaldo económico municipal a la hora de arrendar un inmueble, incluido en un programa de realojo para familias de etnia gitana. A ello se suma el rechazo por parte del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a la recomendación de rehabilitar dos bloques de pisos en desuso para destinarlos al alquiler al considerar que se encontraban «fuera de ordenación».

La preocupación por el medio ambiente también ha motivado la presentación de numerosas quejas, que se elevan hasta rondar la veintena. Este área nunca había registrado una cifra tan alta de demandas desde que se tienen registros, ya que las secciones que levantaban más recelos entre los segovianos eran las relativas al funcionamiento de la administración local y al empleo público.

Ha habido resoluciones sobre estas materias, pero en el recuento total se han contabilizado menos que en años anteriores -apenas 24-. Hace dos décadas, se notificaron el doble. La disconformidad en el pago de tasas e impuestos, la necesidad de mejorar los servicios prestados e infraestructuras, el incumplimiento de normativas, las discrepancias sobre la conformación de bolsas de empleo o las dudas sobre el proceso de selección de trabajadores municipales son algunos de los asuntos más populares.

Uno de los casos en el que informe ha hecho hincapié es en el descontento de un particular tras conocer que la oficina de registro de un municipio exigía estar empadronados a los interesados en recibir asistencia para la realización de determinados trámites. De modo contrario, se les derivaba a otras administraciones. A su vez, otro reclamante aseguró que un puesto de atención de la Junta, ubicado en la misma localidad, «no funcionaba con regularidad» debido a «la ausencia prolongada del empleado habilitado». A raíz de esta cuestión, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de quien dependía este servicio, aceptó dotar a la oficina de personal suficiente.

En cualquier caso, las iniciativas que pretenden visibilizar acciones ilegales que ponen en peligro el entorno natural han experimentado el mayor repunte. Se han repetido expedientes que piden abordar los problemas del abastecimiento de agua en diversos pueblos por la sequía y las elevadas concentraciones de sustancias perjudiciales para la salud.

También se ha solicitado tomar medidas ante la presencia de gatos callejeros en una urbanización de la provincia -lo que aún no ha recibido respuesta por parte de la Diputación de Segovia; se han propuesto sanciones para un dueño de burros, vacas y perros en estado de semiabandono; y se ha identificado un vertido no autorizado, así como el mal funcionamiento de una depuradora, después de que un ciudadano denunciase contaminación por la limpieza de cisternas de vehículos pesados en una gasolinera de una pequeña localidad, con el riesgo de que pudiera afectar a un embalse.

Asimismo, el ruido se ha convertido en la causa de la desazón de numerosos vecinos que no han dudado en denunciar su situación ante la procuraduría. En Segovia capital, una familia residente en la Plaza Mayor ha elevado una queja por la superación de los límites sonoros durante las fiestas patronales, por lo que aconsejó al consistorio la realización de valoraciones previas a la incidencia acústica y el análisis de las características y potencias de los equipos de amplificación que se utilizasen durante los conciertos.

El mismo problema se traslada a la provincia, ya que los vecinos y la propietaria de una casa rural en una localidad aseguraron verse perjudicados por las reuniones festivas hasta altas horas de la madrugada con origen en «peñas». Aunque no se pudo verificar la veracidad de los hechos, el defensor pidió al ayuntamiento la aprobación de una ordenanza para sancionar los «comportamientos antisociales», lo que dicha corporación rechazó.