Las empresas auxiliares de la construcción se quejan de «la morosidad» en los cobros

El representante del colectivo en la provincia explica que esa entrada de dinero «está permitiendo la ejecución de algunas obras públicas importantes» promovidas por las distintas administraciones, ya sea el Estado, la Junta de Castilla y León o las corporaciones municipales. Dueñas añade que las partidas procedentes de la Unión Europea, articuladas a través de las distintas líneas de ayudas económicas como las contempladas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está sirviendo para que las empresas auxiliares de la construcción «trabajen durante todo el año».

Sin embargo, «siempre hay peros», matiza el gerente de la asociación segoviana. El más espinoso y perjudicial para el sector es «la morosidad». Buena parte de la responsabilidad de esta problemática que descuadra las cuentas de quienes se dedican a los oficios incluidos en este segmento de actividad radica en «grandes empresas, que pagan muy mal». «En vez de realizar el pago del trabajo realizado dentro del plazo de 60 días establecido, pueden retrasarlo hasta 150 ó 180 días», se queja Alberto Dueñas.

De esta manera, el portavoz de ASEAC coloca encima de la mesa una de las amenazas que acechan al presente y al futuro del segmento económico integrado por las empresas auxiliares de la construcción. Las demoras acumuladas a la hora de cobrar el dinero presupuestado por la ejecución de una determinada obra pueden hasta triplicar los límites recogidos por la legislación vigente que regula estas relaciones mercantiles. Dichas tardanzas vulneran la norma, subraya el representante de la asociación provincial, que dirige los dardos críticos a la diana del sector privado.

La Directiva 2011/7/EU establece, como norma general, un tope de 30 días para efectuar el pago de las facturas. La trasposición de esta instrucción a España se llevó a cabo a través de la ley de medidas de apoyo al emprendedor, de creación de empleo y de estímulo del crecimiento. Ese máximo europeo se adopta para cuando el pagador es una administración pública. En cuanto a las empresas, la misma legislación establece un tope de 60 días que, a tal y como expone Alberto Dueñas, se incumple.

«La gran empresa privada asfixia» a estos negocios, que son mayoritariamente pymes. Pese a la existencia de una normativa, el gerente de ASEAC echa en falta un régimen sancionador para que los afectados por los retrasos en los pagos denuncien estas prácticas, amparados por la legislación. Este escenario está próximo a cambiar, apunta Dueñas, ya que se trabaja en la implantación de la «obligatoriedad de extender una factura electrónica». El portavoz del sector de empresas auxiliares de la construcción en Segovia deduce que este sistema aumentará el control frente a los malos pagadores e incluso puede favorecer la intervención «de oficio» de las autoridades.

El gremio provincial ha celebrado este viernes su tradicional cena anual, en la que comparten mesa y mantel con una representación nutrida de las administraciones e instituciones oficiales, las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado, del mundo de la empresa y del ámbito económico en la provincia, así como de otros sectores de la sociedad.