Elena García Gil reclama 120.000 euros a las acusaciones del caso de las prejubilaciones de Caja Segovia

La que fuera vicepresidenta de Caja Segovia, Elena García Gil, reclama un total de 120.000 euros a las acusaciones particular y popular practicadas por la fundación heredera de la extinta Obra Social y Cultural y por Izquierda Unida en el proceso judicial relativo a las prejubilaciones millonarias aprobadas y cobradas la excúpula de la entidad de ahorros. El juicio, que se celebró hace un año, acabó con el archivo de la causa en la que se acusaba a los exdirectivos de la Caja de administración desleal y apropiación indebida.

García Gil fue una de las personas que se sentaron en el banquillo de los procesados. Tras la sentencia absolutoria y el carpetazo que los tribunales dieron con anterioridad al caso de la hipoteca del Torreón, en cuyo procedimiento también se vio involucrada, la que fuera también miembro de la comisión de retribuciones de Caja Segovia reclama 60.000 euros a la fundación y la misma cantidad a IU. Elena García Gil entiende que el hecho de haber estado inmiscuida en el caso de las prejubilaciones «le ha perjudicado al derecho a su honor», desvela el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Luis Ordóñez.

La coalición política se defiende antes de que tenga lugar el acto de conciliación, que tendrá lugar este jueves 9, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital segoviana. El responsable de IU constata que en los distintos procesos judiciales que se han desarrollado, «relacionados con la gestión de numerosas personas en el seno de Caja Segovia, se han visto indicios de delito, pese a que por diferentes motivos, algunos de ellos especialmente graves, ha tenido lugar la absolución momentánea de muchos de los acusados, o el sobreseimiento en otro caso», desgrana Ordóñez.

El coordinador provincial de IU sostiene que la personación y acusación mantenidas por el partido «no suponen que haya habido en momento alguno nada personal contra ningún ciudadano que haya tenido que rendir cuentas ante la administración de justicia con motivo de las decisiones que tomaban con ocasión del ejercicio de los cargos de enorme responsabilidad que tuvieron».

Para Ordóñez, el «hipotético daño» que le haya acarreado a García Gil y al resto de antiguos directivos implicados en los procesos judiciales «no tiene relación alguna con el ejercicio por parte de Izquierda Unida del legítimo derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que permite a todos los ciudadanos ser amparados por los tribunales de justicia cuando consideran, como ha sucedido con varios casos en Segovia, que los derechos irrenunciables han sido atropellados».