Elena García Gil: «El grado de exposición a las inversiones inmobiliarias era el normal»

Encausada como cooperante necesaria para la comisión de delitos de apropiación indebida y administración desleal, García Gil subrayó que era el consejo de administración el podía aprobar las cuestiones referidas a la entidad. También hizo hincapié en que las cantidades económicas referidas a las bajas incentivadas «se hablaban de manera agregada». Es decir, se informaba de la totalidad y no se detallaban de forma individualizada.

Al ser preguntada por la modificación del plan de prejubilaciones de 2010, explicó que le parecía «lógico» que los miembros del comité de dirección «se liberaran de las restricciones» a las que estaban sometidos por un compromiso con la entidad de ahorros y por el que continuaron trabajando en la Caja, a pesar de haber podido acogerse antes a las prejubilaciones por cumplir el requisito de la edad.

García Gil admitió ser consciente de las cuantías que iban a recibir los ejecutivos. Era cuestión de hacer una operación matemática sabiendo que iban a percibir el 74,7% del sueldo fijo. La exvicepresidenta segunda replicó a la acusación de Izquierda Unida y afirmó que la Caja «era prudente» en la gestión de su patrimonio inmobiliario. «El grado de exposición a las inversiones inmobiliarias era el normal», aseveró. A pesar de la queja expresada ante el tribunal por parte de la Fiscalía al sentirse interpelada, el abogado de IU, Alberto López-Villa, volvió a insistir durante sus interrogatorios en la necesidad de demostrar que la entidad no era solvente cuando repartió las prejubilaciones.