El dueño de la planta de compostaje de Fuentepelayo sigue sin entrar en prisión

A través de un comunicado, Ordóñez ha recordaddo que el pasado 6 de spetiembre el Juzgado de lo Penal número 2 de Segovia acordó que una vez firme la sentencia de prisión del propietario de la planta de compostaje se requería su ingreso en un centro penitenciario en el plazo de diez días. De no hacerlo voluntariamente, el autor de la magistrada apuntaba que se ordenaría su búsqueda, detención e ingreso en prisión, salvo que en el mismo plazo ejecutase las actuaciones que se impusieron en sentencia en cumplimiento de la responsabilidad civil.

El edil de Fuentepelayo Unidad Popular ha remarcado que, tras más de siete meses, ni ha ingresado en prisión, ni se ha procedido a la gestión y compostaje de los residuos existentes en la planta y sus instalaciones. «Están abandonadas desde que, en enero de 2016, fue decretado su cierre por la Junta de Castilla y León», ha comentado.

Por otra parte, el también presidente de la plataforma 'No más mierda' ha señalado que en el Juzgado de Cuéllar, por actuación de la Fiscalía, están las diligencias para el esclarecimiento de la presunta comisión de delitos de prevaricación por omisión, de falsedad en documento público y de actuación contra el ejercicio de los derechos cívicos, por parte de Alcaldía y Secretaría del Ayuntamiento de Fuentepelayo.

Fuentepelayo Unidad Popular presentó ante la Fiscalía Provincial dos denuncias contra el alcalde de Fuentepelayo y la secretaria del Ayuntamiento. En consecuencia, dicha institución remitió el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Cuéllar para que en él se incoen las diligencias previas.

Solicitaron al entonces alcalde de Fuentepelayo, Jesús Daniel López Torrego, que se actuase,ante las denuncias ante el Seprona de la Guardia Civil. El 12 de diciembre de 2018, denunció el ejercicio de una actividad económica de ganadería ovina en una finca del paraje de 'La Marujada' sin la correspondiente licencia ambiental. El denunciado reconoció que ejercía la actividad en la dicha finca con unas 400 ovejas. El 25 de marzo de 2019 denunció la existencia de unas viviendas ilegales y falsos vestuarios en unos antiguos cebaderos cerca de la laguna de La Llosa.

Para la formación de izquierdas, este tipo de comportamiento «quiebra la credibilidad» en las instituciones que tiene la ciudadanía y la confianza que ellas deben merecerle, porque, como custodios de la legalidad, «el alcalde y la secretaria tienen una obligación máxima».