Los divorcios que llegan a los tribunales se disparan en el último año en Segovia

«De aquellos barros vienen estos lodos», resume la abogada Elvira Sanz Rivas, quien matiza que también ha habido parejas que se han afianzado gracias a esos momentos de mayor convivencia. El Consejo del Poder Judicial ha hecho públicos este lunes los datos sobre disoluciones matrimoniales durante el año pasado. Las demandas registradas en los órganos judiciales de todo el país durante 2022, en total 95.193, experimentaron una disminución del 2,3% con respecto a las presentadas en el ejercicio anterior. En Segovia, esas mismas estadísticas se traducen en un aumento de las demandas interpuestas. Y el repunte no es menor.

Tal y como concluye también la información que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento de las disoluciones matrimoniales en la provincia -sumadas separaciones (menos frecuentes), divorcios (más predominantes) y nulidades (de las que solo ha habido un caso en los últimos diez años)- ha sido del 23% con respecto a las 192 que se tramitaron en 2021.

La falta de acuerdo previo entre los cónyuges activa una procelosa tramitación que conduce irremediablemente hacia el contencioso, si ninguna de las partes lo evita. En 2022, acabaron judicializados 79 casos de divorcio en la provincia, más del doble que los pleitos por rupturas matrimoniales que hubo en los dos años precedentes, que acabaron con 36 y 35 procedimientos de divorcio en 2021 y 2020, respectivamente. Los órganos judiciales segovianos no habían visto tantos contenciosos por estas causas desde 2013. Un récord en los últimos diez años.

Elvira Sanz Rivas da algunas pistas que ayudan a explican el aumento. Una es que «los juzgados tienen de todo menos celeridad». La abogada expresa su queja sobre cómo los tiempos que se alargan y eternizan en la Administración de Justicia.

Además, esas dilaciones se van a ver agravadas ahora por la huelga del cuerpo de letrados, que está retrasando cientos de procedimientos en la provincia. Con independencia de estos paros, que están provocando aplazamientos de vistas y juicios y, por ende, más tardanzas en las resoluciones judiciales, Sanz afirma que, «en la Ley, los plazos están claros, pero solo los cumplen los abogados y los procuradores». Esto pasa en todos los órdenes en general, apostilla.

Al poner el foco de la reflexión sobre la tramitación de los procedimientos de divorcio, la letrada recuerda que el marco legislativo vigente «establece que sean rápidos»; pero la realidad es otra. «Te puedes ir a un año hasta que se resuelve el contencioso», se lamenta la letrada, que achacan, en parte, a la lentitud de la Justicia el incremento experimentado durante el último año en el volumen de divorcios judicializados.

La otra pista va por derroteros más personales de los cónyuges implicados. «En vez de cortar porque sabes que la cosa no va bien, que ha dejado de ser la persona de la que estabas enamorada, sabes que seguirá siendo el padre de tus hijos, si los tienen, y quieres hacer daño». Pero los niños no tienen la culpa. Esa batalla acaba en los tribunales y éstos, al final, padecen la ralentización de la que se queja Sanz.

La letrada defiende la custodia compartida porque, en su opinión, es «un derecho de los hijos». Que ambos progenitores se impliquen por igual en la educación y el cuidado de los retoños «debe de ser la tendencia predominante, sobre todo en ciudades como Segovia, donde no hay distancias», por lo que el cumplimiento del régimen de visitas y la oportunidad de que los que niños pasen el mismo tiempo con sus padres son más «factibles», expone la abogada.

Si los cónyuges que se divorcian lo hacen de mutuo acuerdo, «todo es más sencillo», apostilla Sanz. El año pasado, en Segovia se registraron 147 rupturas amistosas, o al menos no desembocaron en un contencioso judicial. Esto quiere decir que por cada pleito en los juzgados para disolver una relación, hay dos matrimonios que consensuan su disolución, como se extrae de la información del Consejo del Poder Judicial.

La cifra de divorcios rubricados de mutuo acuerdo, a lo largo del último decenio, se mantiene más o menos constante en la provincia, que oscila en este tiempo entre los 141 firmados en 2013, que marcan el mínimo del periodo, y el tope de los 181 que se contabilizaron en 2019.

Hasta 2021, última referencia temporal completa que registra el INE, la mayor parte de la rupturas matrimoniales las protagonizan parejas que llevaban más de diez años juntos. Dos de cada tres divorcios los firmaron cónyuges que habían cumplido un decenio de enlace.