Los divorcios con custodia compartida se cuadruplican en diez años en Segovia

El colapso al que se vieron sometidas las jurisdicciones ocasionaron demoras, unas más largas y otras menos dilatadas en el tiempo, aunque en algunos ámbitos resultaron especialmente dañinas, como cuando el futuro de los hijos menores depende de la decisión de un tribunal porque la falta de acuerdo entre los cónyuges les obliga a litigar para dirimir los términos de la ruptura matrimonial. También aquellos paros protagonizados por diferentes cuerpos profesionales de la Administración de Justicia causaron retenciones a la hora de transferir los montantes económicos aparejados a las pensiones alimenticias dictadas por el juzgado en un proceso de disolución conyugal, otra muesca en la culata de los quebrantos que causaron las huelgas.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre del presente año dan fe del abundante manantial de trámites relacionados con rupturas de parejas. Los procedimientos se han disparado en la provincia de Segovia en comparación con el mismo periodo de 2023, lastrado por la paralización del sistema. Entre los meses más recientes de enero y marzo, ambos incluidos, las demandas presentadas crecieron hasta las 84. Esta cifra, que incluye los casos registrados en los cuatro partidos judiciales en los que se divide el territorio segoviano, representa un 71,4% más que las rupturas matrimoniales asistidas en los juzgados en el primer trimestre del ejercicio anterior.

De mantenerse esa proporción, la extrapolación de la cantidad de demandas de disoluciones conyugales al cierre de este 2024 aumentaría de manera muy importante hasta superar la barrera de las 300, un volumen de expedientes desconocido hasta ahora en la provincia.

Aquí cabe matizar que la inmensa mayoría de las disoluciones que se judicializaron fueron de divorcio: de las 84 demandas, 82 respondieron a esta fórmula y las otras dos fueron separaciones. Además, el Consejo General del Poder Judicial también revela que el acuerdo entre los cónyuges que litigan predomina, aunque por muy poco, sobre los procesos sin consenso. De los 82 divorcios tramitados entre enero y marzo de este año, las estadísticas indican que 42 fueron pactados.

El presidente de la Asociación para la Custodia Compartida de Segovia, Néstor Fernández, se felicita precisamente del progresivo aumento que se observa en las conformidades que alcanzan las partes que deciden poner punto y final a la relación. A esa satisfacción se le añade la cada vez más profusa jurisprudencia que «reitera por enésima vez que la custodia compartida no solo es deseable, sino que es lo que debe ser», salvo en excepcionales circunstancias. Recientemente, el Tribunal Supremo ha vuelto a ratificarse en su doctrina al esgrimir que «la custodia compartida es, en abstracto, el régimen más beneficioso para el menor».

«En Segovia no nos podemos quejar, estamos muy bien posicionados», subraya al comparar la aplicación de la custodia compartida con la que presentan otros territorios de España. A partir de los datos sobre nulidades, separaciones y divorcios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el presidente del colectivo llama la atención sobre el décimo lugar que ocupa Segovia en la lista nacional de 50 provincias (y las dos ciudades autónomas), si bien «tiene todavía más valor porque siete de las que están en las diez primeras posiciones tienen su propia legislación sobre custodia compartida».

Esa 'clasificación' geográfica pone de manifiesto que, en el conjunto del país, en el 41,4% de los divorcios con hijos se impone la atribución a ambos progenitores, en igualdad de derechos y deberes, de la custodia de los hijos menores. A tenor de esos mismos datos estadísticos que maneja la asociación, en Segovia ese porcentaje sube hasta el 50%. Las rupturas «de mutuo acuerdo van en aumento».

Al acercar la lupa a las resoluciones judiciales que deciden que sea la custodia compartida el régimen que regule con quién han de estar los retoños, se observa que en un decenio estas medidas se han cudruplicado. De los poco más de diez casos que se registraban a principios de la pasada década se han pasado a los más de cuarenta y de cincuenta de los últimos dos ejercicios: 42 en 2023, y 52 el curso anterior. El récord lo ostenta 2020, cuando en la provincia se determinaron 68 custodias compartidas.

La desproporción salta cuando el tribunal decide en un caso de divorcio entre la madre o el padre. A lo largo del último decenio, de los 2.239 divorcios registrados, en 1.038 no procedía un pronunciamiento sobre la custodia. En el resto de procedimientos, los titulares de los juzgados se decantaron mayoritariamente por la mujer. En la provincia, más del 65% de los expedientes judiciales dictaminados entre 2013 y 2023 concedieron el régimen de custodia de los hijos a las progenitoras. Solo en el 5,5% de los casos de las disoluciones conyugales formalizadas fue el padre la figura asignada.

Para constatar el impacto que tuvieron las huelgas de los primeros meses del año pasado sobre el ámbito judicial matrimonialista, los mismos datos periódicos de la Administración de Justicia muestran cómo la actividad con la que se cerró el curso fue bastante inferior a la de las campañas precedentes. De hecho, si se tiene en cuenta la tendencia dibujada a lo largo del último decenio, 2023 fue el año con menos demandas de disolución de pareja formalizadas en la provincia.

Entre los partidos judiciales de la capital segoviana, Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda sumaron 160 asuntos, lo que supone cerca de un 19% menos que al finalizar 2022 o un 16% menos que en 2021, siendo las comparaciones no solo más próximas en el tiempo sino también las más cercanas en cuanto a la cantidad total de demandas de divorcio presentadas para su resolución judicial.

Por el contrario, 2019, precisamente justo antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus, se alza como la anualidad del último decenio con más disoluciones matrimoniales formalizadas en los juzgados de la provincia. Aquel año se registraron 254 disoluciones de enlaces entre cónyuges de distinto sexo. En 245 de estos casos, la opción que puso el punto y final a la relación fue el divorcio, frente a nueve separaciones, tal y como ponen de relieve las series del Instituto Nacional de Estadística.

Un efecto parecido al experimentado por las rupturas entre el pasado curso y el inicio de este 2024 condiciona la evolución de los matrimonios. Esta vez, no son las huelgas las que marcan el paso, sino la pandemia de la covid, que al igual que los paros ejerce de llave de paso. Cuando se impusieron las restricciones por la incidencia de la enfermedad, hubo una avalancha de cancelaciones de bodas.

Pasada la página más mortal y contagiosa del coronavirus, con la instauración de la 'nueva normalidad', las ceremonias y banquetes que quedaron pendientes se retomaron y se sumaron a las bodas ya programadas sin la amenaza de la covid. Conclusión, en Segovia los 'sí quiero' que se dan los cónyuges para rubricar su unión se dispararon en 2021 y 2022, que son los datos más recientes que ofrece el Instituto Nacional de Estadística.

El organismo oficial señala que, hace dos años, se contrajeron 489 matrimonios en la provincia, más del doble de los 228 que se oficiaron contra viento y marea en 2020, en pleno apogeo de la covid-19. Pese a este contexto singular y extraordinario de una doble crisis, la sanitaria y la económica, el sacramento ha perdido vigencia. La gente se casa menos.