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La Junta duplicará entre este 2023 y 2025 su presupuesto para la lucha contra incendios forestales, pero las negociaciones continúan con los sindicatos para que esa intención de combatir el fuego todo el año se traslade al terreno. Que el compromiso de comprar treinta nuevos camiones coincida con la ampliación del personal –en número y en meses de contrato– para conducirlos. La burocracia no facilita las cosas, pero el colectivo pide acelerar las contrataciones porque la falta de precipitaciones tiene en alerta al sistema.
«Estamos todos los días con tensión porque no sabemos cuándo se va a producir el gran incendio. La Junta dice que tiene medios, pero tenemos los mismos que el año pasado y se anda tirado de favores», advierte el presidente del sindicato APAMCyL (Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León), Esaú Escolar.
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La Semana Santa activó el riesgo medio en el protocolo regional, extendido hasta hoy lunes. El precedente de Asturias, a finales de marzo, ha puesto en alerta a toda España, aliviada por la ausencia del viento, gran aliado de las llamas. La Junta ha asignado a Segovia medios para un operativo que la semana pasada contaba con 145 profesionales, entre agentes medioambientales, técnicos, celadores, vehículos de autobombas, cuadrillas terrestres y medios aéreos, con una dotación de diez camiones autobombas de gran capacidad, otros cinco para las cuadrillas terrestres y dos medios aéreos para trasladar a las cuadrillas helitransportadas.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expuso el 31 de marzo el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León y detalló el incremento de medios técnicos y materiales como consecuencia del acuerdo con la patronal CEOE y la representación sindical del operativo antiincendios a través de CCOO y UGT.
La representación del personal se reunió el pasado lunes en la Consejería de Presidencia para discutir el Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción de Incendios Forestales, obligada por el decreto 15/2022 del Gobierno, que recogía en agosto medidas urgentes para las comunidades autónomas. Su presidente lamenta las «largas» de la Junta. «Nos lo han presentado deprisa y corriendo», critica. El 21 de marzo se concentraron en las Cortes unos 400 agentes ambientales para escenificar la unión de este colectivo profesional.
Este Diálogo Social, firmado el 27 de septiembre de 2022, compromete al Ejecutivo regional a aumentar progresivamente los 65 millones de euros del presupuesto asignado en 2022 a un total de 127 millones de euros en el año 2025, lo que conlleva un incremento de 22,1 millones para este 2023 con el objetivo de llegar a los 104,8 millones en 2024. Son las herramientas para paliar la época de riesgo alto y reforzar las capacidades del operativo fuera de ella. Los medios en esta última se han incrementado en torno a un 40% a mayores de los que podía haber el año pasado, subraya la Junta de Castilla y León.
La estructura se ha reforzado con un servicio central de incendios y un área específica en cada una de las delegaciones territoriales. En la misma línea, ha aumentado la dotación de técnicos, personal auxiliar y agentes medioambientales; la Administración autonómica también se compromete a la incorporación de equipos de refuerzo para la formación del operativo, equipos de planificación y apoyo en grandes incendios.
El operativo en las nueve provincias cuenta con 2.065 profesionales, entre agentes medioambientales, celadores, técnicos, vigilantes, cuadrillas terrestres, personal de maquinaria pesada, medios aéreos, etcétera , y 250 medios materiales, entre terrestres (140 autobombas, 77 vehículos de cuadrillas terrestres y maquinaria pesada) y aéreos (26 helicópteros y cuadrillas helitransportadas de vuelo). A estos recursos hay que sumar los medios del Ministerio designados en Castilla y León (un helicóptero, un avión y tres cuadrillas helitransportadas Brif).
Con este dispositivo, la Junta refuerza este semestre los medios materiales con 565 nuevos vehículos, más de treinta nuevas motobombas y 24 vehículos pick-up, con una inversión global de 30 millones de euros. A ello se añaden 37 millones de euros de ayudas a las Diputaciones y a Ayuntamientos para reforzar sus dotaciones o crear parques de bomberos comarcales para que sirvan de primera cortina en incendios agrícolas, periurbanos y de ámbito urbano-forestal. El dispositivo cuenta con medios de otras provincias: se trata de un operativo autonómico y, a veces, interautonómico.
La época de peligro alto es verano. Semana Santa desató una declaración de peligro medio y el invierno es temporada de riesgo bajo. En función de cada etapa, la Junta tiene un dispositivo en 'escalada', es decir, con contratos temporales. Los retenes de la región son de empresas privadas que prestan un servicio preventivo –labores de limpieza o desbroce– y se movilizan como medios de la Administración cuando hay un fuego.
La parte pública son los vigilantes de las torres y los camiones amarillos: conductores y mangueristas; se trata de personal laboral. Los funcionarios son los agentes medioambientales y los técnicos; van primero a los incendios y planifican qué medios son necesarios.
El problema es que esos medios estén disponibles. «Que no hay turno el sábado, que la Charlie de Cantalejo no tenía gente los fines de semana… Esto estaba pasando, era una puñetera chapuza», se queja Esaú Escolar, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCyL). El objetivo del aumento del presupuesto de la Junta es tener a más personal durante todo el año. Pero no solo se trata de dinero, entra en juego la burocracia para contratar, pues exige modificar las relaciones de puestos de trabajo para, por ejemplo, ampliar contratos de cuatro meses a doce. Las guardias tienen que incrementarse porque así hará la campaña de peligro alto: del 12 de junio al 12 de octubre. Escolar tilda de «precario» el operativo para todo el año y lo argumenta en que haya tres agentes de guardia en toda la provincia para el invierno. «Si hay un incendio en Navalilla, el agente más cercano está en Santa María de Nieva. Llego yo antes desde Aranda», apunta el presidente de APAMCyL. El primer agente que llegó al incendio de La Baña, en Viernes Santo, tardó hora y media y el bulldozer más cercano estaba a 150 kilómetros. El responsable de la agrupación profesional habla de los «favores» de conductores o mangueristas. «Ya sabemos que habéis acabado el turno, pero tenemos un incendio y ya os daremos los días en otro momento... Esto se hace en todas las provincias», revela el responsable sindical.
La organización de los agentes medioambientales teme los plazos. «Ya tenía que haber habido una modificación de relación de puestos de trabajo; lo que están haciendo para suplir esa carencia son llamamientos extraordinarios, van poniendo parches, es que llevamos reclamándoselo ocho meses», lamenta Escolar. Así se amplía coyunturalmente un contrato de cuatro a ocho meses, por ejemplo.
Las negociaciones continuarán esta semana y el representante sindical habla de aspectos «mejorables» como que los agentes medioambientales vuelen con la helitransportada por su conocimiento del área. «Conocen dónde hay un punto de agua, un camino o una línea eléctrica, y somos agentes de autoridad para identificar a una persona o echar una valla abajo», recuerda Esaú Escolar.
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