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Los propietarios de edificios situados en el ámbito del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) han comenzado a expresar sus quejas por el ... nuevo retraso en la entrada en vigor de la normativa urbanística. Están pendientes de que tenga vigencia para que se levante la suspensión legal de las licencias, pues llevan años a la espera de poder hacer distintas obras y reformas. El plan no ha entrado aún en vigor, aunque fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 28 de noviembre. Para la plena vigencia del documento es necesaria la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP, que depende de la Diputación), pero las diferencias de criterio entre los técnicos de la administración provincial y los del Ayuntamiento sobre el carácter normativo o no del catálogo mantiene aparcada la edición de la norma. La diferencia puede suponer un pago de unos 75.000 euros.
Por seguridad jurídica, para limitar la posibilidad de que el documento pueda ser recurrido, los técnicos del Ayuntamiento mantienen que el catálogo del PEAHIS tiene carácter normativo, y con esta premisa piden a los responsables políticos municipales que sea publicado completo en el BOP. Y ahí está el problema. El catálogo 'pesa' mucho. Su formato digital ocupa varios 'gigabytes' de información, y los técnicos de la Diputación (que creen que el catálogo no es normativo y no haría falta publicarlo) estiman que si se incluye completo en el boletín el Ayuntamiento tendría que pagar el precio público estipulado, que en este caso asciende a unos 75.000 euros. La Diputación reconoce la diferencia de criterios y fuentes de la corporación indican que «está en vías de solución, lo están estudiando los técnicos para realizar un informe»; las mismas fuentes indican que el coste de la publicación sería elevado dado que el documento es muy voluminoso.
Ya supuso un cierto retraso la digitalización de todo el documento que han tenido que hacer los técnicos del área municipal de Urbanismo para que el Boletín Oficial de Castilla y León pudiera publicar el plan especial, y los constructores y los propietarios pendientes de obras, igual que los titulares de los convenios urbanísticos que podrán comenzar a desarrollar en cuanto entre en vigor, piden más celeridad en este último trámite. Uno de ellos que prefiere mantenerse en el anonimato explica que «somos casi cien propietarios los que hemos estado esperando más de diez años a que se aprobara este plan, a que se terminara la suspensión de licencias para hacer unas obras a las que tenemos derecho y que necesitamos en algunos casos para nuestros negocios, y ahora vemos como una discrepancia de criterios supone un nuevo retraso. Las administraciones deberían ponerse de acuerdo y pensar más en los administrados». Los constructores también están a la expectativa. Hace un mes, en noviembre, el presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC), Javier Carretero, expresaba la esperanza del sector de «empezar a ver movimiento» una vez publicado el PEAHIS, aunque decía ser consciente de que el efecto no será inmediato, pues la actividad constructora como consecuencia del desarrollo del plan, opinaba, «tardará en arrancar», bien sea a través de obra nueva o de reformas y rehabilitaciones. El Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia ordena y protege urbanística y culturalmente el área central de la ciudad y las exteriores relevantes. En total afecta a 1.914,33 hectáreas, el 11,66% de la superficie del término municipal de Segovia y supone el 43% del suelo urbano consolidado de la ciudad. El incremento de edificabilidad del plan es de 17.638 metros cuadrados, que supone unas 200 viviendas en el recinto amurallado y en el barrio de San marcos, y de 84.617 metros cuadrados en el resto de su ámbito, fundamentalmente en solares que actualmente no están edificados y en edificios que pasan a ser residenciales, pues permite recuperar los grandes contenedores urbanos que ahora están fuera de uso, como el teatro Cervantes, el Palacio de la Reina Doña Juana (o de Enrique IV), el Palacio de Mansilla, la antigua sede del Instituto Nacional de la Segurid Social (INSS), el colegio de las Jesuitinas o el edificio del Hospital Policlínico. El número total de viviendas en su ámbito es de 8.114, y de ellas serán nuevas 1.546. Además, el plan especial contiene doce convenios urbanísticos, entre ellos los de la gasolinera de Padre Claret, el del Obispado en el Postigo del Consuelo, el de Villa Estrella en Ezequiel González-Santo Tomás, la solución al ensanche de la parte superior de la calle Antonio Machado en la plaza de José Zorrilla, el que solventa el problema del solar de la calle San Francisco o el que dará solución al fondo de saco de la calle Gascos.
Sin embargo, los responsables del Ayuntamiento creen que el PEAHIS completo, incluido el catálogo, ha de publicarse en el BOP y con un precio reducido, e incluso de forma gratuita, como ha hecho la Diputación de Ávila al publicar en su boletín oficial de la provincia el plan especial de la capital abulense, como argumenta la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero.
De hecho, el 29 de noviembre el departamento de comunicación del Ayuntamiento informó que, si bien el PEAHIS ha sido publicado en el Bocyl, estaba «a la espera de una fecha para la publicación» en el BOP, y confiaba en que «se produzca en breve» para que el plan «pueda comenzar a aplicarse en la ciudad». Casi quince días después, la norma urbanística aprobada por el pleno municipal el 6 de septiembre está aún pendiente del acuerdo entre las dos administraciones.
Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, explica que «la publicación se ha demorado porque se trata de un documento que pesa mucho desde el punto de vista de la digitalización y porque hay cierta discrepancia entre los técnicos jurídicos del Ayuntamiento, que consideran que es un documento normativo y ha de publicarse en su totalidad, incluido el catálogo, y parece que el planteamiento de la Diputación es que podría excluirse el catálogo. Estamos con reuniones técnicas para dirimir cuál es el mejor camino, y no creo que se demore mucho la cuestión, creo que será cuestión de días».
No le consta a la alcaldesa que haya habido quejas de los propietarios, aunque quizá estén recibiéndolas en Urbanismo, pero reconoce que el retraso de la publicación se debe a diferencias de criterios jurídicos que «acarrea un problema de precio». Si prima el criterio de la Diputación y no hubiera que publicar el plan completo, el Ayuntamiento decidiría «por seguridad jurídica» que el documento estuviera en el BOP con todo, incluido el catálogo, pero entonces tendría que pagar unos 75.000 euros.
«No estamos de acuerdo con esta cuestión porque, por ejemplo, en Ávila el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el plan especial de Ávila sin ningún problema y de forma gratuita. Estamos intentando llegar a un 'entente' a nivel técnico, pero si se considera que no es necesaria la publicación de esa parte nosotros nos vamos a empeñar en que se publique porque tenemos que ir con una seguridad jurídica total y no vamos a arriesgar a que alguien impugne el PEAHIS y tener algún problema de carácter legal», concluye Luquero.
Fuentes de la Diputación señalan que el asunto está en manos del departamento jurídico y de intervención y que existe «la voluntad política de resolverlo cuanto antes, pero insisten en que se trata de «una cuestión técnica». Para encontrar la solución «están trabajando los técnicos de ambos departamentos», según transmitió el gabinete del presidente, que ayer estaba inmerso en las reuniones previas de los grupos políticos de la corporación provincial para preparar el presupuesto de 2020. Miguel Ángel de Vicente no tuvo la oportunidad de comentar el asunto, aunque fuentes de su gabinete precisaron que «al no tratarse de una cuestión política una declaración suya en este ámbito no añadiría nada».
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