La Diputación de Segovia, a través de la financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, ha lanzado una línea de subvenciones, dotadas con 605.814,18 euros, destinadas al ámbito de la prevención de riesgos laborales en el sector agrario ... de la provincia. En concreto, 46 de las 122 de solicitudes admitidas van a beneficiarse de estas ayudas. Los receptores percibirán una aportación económica máxima de la mitad del gasto subvencionable y en ningún caso podrán superar los 20.000 euros por solicitud, según la resolución aprobada el pasado día 3 de agosto por la institución provincial.
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Estas inyecciones económicas, impulsadas por la Administración autonómica debido a la alta siniestralidad que padece el sector agrario, tienen como finalidad la promoción, el desarrollo y la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y el bienestar laboral en el ámbito rural de la provincia de Segovia y, en concreto, en municipios menores de 2.000 habitantes, según la información facilitada por la Corporación que preside Miguel Ángel de Vicente.
Otros argumentos que justifican las ayudas se centran en el asentamiento de población en el disperso territorio segoviano, así como en el desarrollo del tejido empresarial. Los beneficiarios tienen ahora de plazo hasta el 30 de junio de 2024 para acometer las mejoras solicitadas, añade la Diputación de Segovia en la información facilitada.
Entre las actuaciones demandadas se encuentran la adquisición o adaptación de maquinaria agrícola y ganadera, incluidos los vehículos automotrices y sus estructuras de seguridad en caso de vuelco; el acondicionamiento de naves agrarias y ganaderas; el almacenamiento de productos agrícolas, carburantes o fitosanitarios, entre otras peticiones, además de mejoras en los accesos a las instalaciones agrarias.
Las bases reguladoras de esta línea de ayudas habían sido previamente publicadas de manera definitiva el 8 de marzo. Podían optar a ellas todas aquellas personas físicas, jurídicas con ánimo de lucro, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y sociedades civiles inscritas y dedicadas a las agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con estas actividades. Los solicitantes debían estar empadronados y llevar a cabo su actividad profesional o empresarial en alguno de los municipios de menos 2.000 habitantes que hay en la provincia.
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