«Veo difícil que las denuncias contra residencias prosperen por la vía penal»

–En su toma de posesión afirmó que las víctimas son «las grandes olvidadas en el proceso penal». A raíz de la pandemia, familias de fallecidos en residencias lamentan la tendencia al archivo en la mayoría de las diligencias abiertas. ¿Considera improbable que algunos de los procesos terminen con una sentencia condenatoria?

–Los fiscales en España tenemos unas funciones que no consisten solo en presentar escritos de acusación, sino que también se centran en la inspección y protección. En concreto, una de nuestras atribuciones más desconocidas es la defensa de las víctimas de delitos. En los casos de residencias todas las denuncias que se han formulado han recibido el trámite fijado en la ley;pero desde un punto de vista penal veo muy complicado el que prosperen los procedimientos y se puedan formular este tipo de acusaciones. Teniendo en cuenta nuestro ordenamiento jurídico penal, pienso que son denuncias que van a acabar en sobreseimiento. Ello no impide que los denunciantes no exijan responsabilidad a la administración desde otros ámbitos como el civil o el contencioso, en los que los fiscales no intervenimos.

–¿A qué obedece esta complejidad a la que alude?

–A un tema probatorio. Para formular un escrito de calificación y obtener una sentencia condenatoria tienen que quedar acreditados unos hechos constitutivos de delito. Si no aparecen, al juez no le queda otra que archivar.

–Sin embargo, la Audiencia de Segovia sí ha revocado al menos dos archivos contra residencias por considerar que eran precipitados y que no se había investigado lo suficiente. ¿Qué papel está jugando la Fiscalía?

–Esas revocaciones fueron, precisamente, a raíz de recursos del Ministerio Fiscal. Al menos en uno de ellos, porque hasta donde sé, se entendía que había que practicar aún diligencias y más pruebas para intentar esclarecer los hechos. La Audiencia dio en parte la razón a la Fiscalía para remitir de nuevo el procedimiento al juzgado.

– ¿Le siguen llegando denuncias?

–Ahora mismo, no.

–¿Cómo ha cambiado la pandemia su labor habitual?

–Ha cambiado bastante. En el momento más duro de la pandemia, al principio de todo, nos quedamos todos teletrabajando en casa. La opción ya estaba ahí por la existencia del expediente digital y nos pusimos más las pilas para trabajar a distancia y la verdad es que no hemos tenido ningún problema porque todos los fiscales han desarrollado su labor teletrabajando, incluso realizando las funciones de guardia, las comparecencias y las audiencias que marca la ley a través de las plataformas digitales del Ministerio de Justicia. Antes de la pandemia ya trabajábamos con el expediente digital, pero no lo estábamos 'estrujando' tanto como lo hemos hecho en estos meses. Hay que reconocer que, dentro de las deficiencias que tiene, ha resultado ser una herramienta muy útil. Una vez que se relajó el estado de alarma, estamos realizando, en la medida de lo posible, actuaciones presenciales con las debidas garantías en las salas de vistas; pero además se está permitiendo a las partes que puedan optar por la comparecencia telemática, algo que hasta ahora no se había planteado, Por lo tanto, claro que la pandemia nos ha cambiado la forma de trabajo.

–¿El coronavirus ha reducido su volumen de trabajo por el descenso de la delincuencia?

–En los momentos iniciales de la pandemia hubo unos servicios mínimos decretados en Fiscalía, por lo que es obvio que el nivel de asuntos que se movía era mucho menor. Por aquel entonces, cuando la mayoría de los ciudadanos se encontraban en sus casas, se produce una bajada de la delincuencia. Hubo un bajón de trabajo hasta mayo o junio; pero a partir de ese momento, con la incorporación en pleno de todas las plantillas de los juzgados y de la Fiscalía, nos hemos visto ahora con un aluvión de asuntos que están retrasados y que hay que resolver.

–¿Han pedido algún refuerzo para aliviar esa carga?

–Actualmente, contamos con un refuerzo por el Penal bis, y lo mantenemos. En lo Social hay también un refuerzo por todos los ERTE y todo el aumento de trabajo registrado en esta materia. Y aunque es un ámbito en el que el fiscal interviene muy poco, sí hemos notado un incremento de los asuntos en los que tiene que actuar el Ministerio Público. Así que, si fuera preciso, no tenga ninguna duda de que pediríamos el refuerzo.

–¿Ha tenido ocasión de hablar con la jueza de Santa María la Real de Nieva, que fue atacada cuando salía del trabajo el pasado 1 de diciembre? ¿Cómo se encuentra?

–Se va recuperando estupendamente poquito a poco. Le deseamos todos una pronta recuperación; pero es muy temprano para pensar en la reincorporación.

–¿En qué situación judicial se encuentra el atacante?

–Se está instruyendo en el Juzgado de Santa María. El hombre permanece en prisión comunicada.

–La administración de justicia expresó con una protesta a pie de calle su condena a este ataque y reivindicó más protección. El propio presidente del TSJCyL, el segoviano José Luis Concepción, advertía de que era la provincia con más carencia de medidas de seguridad en todos los órganos judiciales. ¿Cómo valora que el Ministerio de Justicia retirara a las 24 horas la vigilancia privada asignada al Juzgado de Santa María después de la agresión?

–Es un problema que, lamentablemente, los que llevamos muchos años trabajando en Segovia lo llevábamos viendo y alertábamos sobre él. Hay un problema de seguridad en los juzgados de los pueblos, en Cuéllar, en Sepúlveda y en Santa María la Real de Nieva. Son órganos judiciales a los que acuden justiciables demandando el amparo para sus derechos; pero también asisten personas que han cometido algún delito, y no cuentan con medidas de seguridad.

–Por esa inseguridad hay trabajadores que han llegado a manifestar que sienten miedo.

–Bueno, yo en mi caso miedo no. Pero obviamente creo que el Ministerio, que es el órgano encargado de garantizar la seguridad de sus trabajadores, debería de adoptar les medidas pertinentes. En el Juzgado de lo Penal, aunque hay un vigilante, no tenemos puente de control en la entrada. Es algo básico para que no te puedan colar un objeto metálico. Me preocupa. Cuando vas a celebrar los juicios que te corresponden, allá que vamos porque es nuestro trabajo; pero se debería cuidar más a los trabajadores del sistema judicial, y no me refiero solo a los jueces y fiscales, sino también a los propios funcionarios que tienen el cometido cotidiano de atender a las personas que van a las instituciones judiciales, que deberían desarrollar esa labor con mayores garantías y mayores condiciones de seguridad. Cuando se piden estas cuestiones, y el presidente de la Audiencia, Ignacio Pando, lo hace reiteradamente, parece que siempre estamos pendientes del palacio nuevo. Llevo casi veinte años aquí y en todo ese tiempo llevo oyendo lo del palacio nuevo. No es eso. Si las instalaciones se quedan anticuadas u obsoletas, hay que hacer lo posible para que no sea así, o al menos para que se garantice la seguridad de las personas que trabajamos en este ámbito.

–En su anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Gobierno plantea que el fiscal asuma la instrucción de las causas en lugar de los jueces. ¿Está a favor de esta medida? ¿La ve viable a corto plazo?

–No me supone ningún problema. He sido fiscal de menores durante siete años y he instruido sin ningún problema. A mí no me asusta y me consta que a mis compañeros tampoco, siempre que se nos dote de los medios y el personal necesarios. Lo que nos asusta es no tener recursos personales y materiales para hacer el trabajo.

–¿Le molesta la etiqueta de que los fiscales son utilizados por los poderes políticos y económicos? ¿Se sienten así?

–Los fiscales actúan con el arreglo al principio de legalidad, imparcialidad y objetividad. Si presenta una denuncia cualquier partido político, por supuesto que la vamos a estudiar; y si se aprecia la existencia de un hecho delictivo, se va a instruir. Pero si de primeras ya ves que no hay nada, se va a archivar y se va a notificar para explicar por qué.

–Dos de cada tres fiscales en España son mujeres, pero solo son las jefas en un 33% de las Fiscalías. Usted es la primera en Segovia. ¿Hay que impulsar una política de nombramientos de mérito y capacidad con fórmulas de valoración en clave de igualdad?

–En mi promoción, de los 75 fiscales que había, 50 éramos mujeres. Desde que estoy en Segovia, salvo en momentos puntuales, en la Fiscalía ha habido mayoría de mujeres. Quiero decir que se está viendo que tanto en la carrera judicial como en la fiscal, cada vez es más abrumadora la presencia mayoritaria de mujeres. Pienso que será como una pirámide en la que poco a poco vayamos asumiendo cargos que el público asociaba a que fueran ocupados por varones. Tiene que existir una habitualidad, ya seas varón o mujer, porque somos profesionales que vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No creo que ser mujer sea mérito para nada. El mérito es ser profesional, tener una antigüedad y el trabajo diario para poder optar a un cargo. Lo que tiene que constar siempre en la elección es el mérito profesional.