Diez acusados de narcotráfico se enfrentan a penas que suman 51 años de prisión

Entre abril y mayo de 2011, fueron detenidos en las localidades madrileñas de Collado Villalba y Parla diecisiete presuntos miembros de una red que distribuía hachís y cocaína, principalmente, en El Espinar, así como otros municipios de la provincia y de Ávila. Uno de los acusados fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando cargaba dentro de su organismo 100 bellotas de hachís de más de un kilo y valoradas en 5.000 euros. Hubo registros, además, en las localidades segovianas de Revenga y Ortigosa del Monte y se requisaron 1.600 gramos de hachís, 201 de cocaína, 17.000 euros y 30 teléfonos móviles. Según las conclusiones de la Fiscalía, la red introducía la droga, en pequeñas cantidades, por el Puerto Marítimo de Algeciras (Cádiz) y el propio aeropuerto de Barajas. Con motivo de las detenciones, se intervino droga de gran pureza, así como 17.000 euros, cinco vehículos, balanzas de precisión y diversa documentación.

A uno de los detenidos, procedente de un vuelo con origen en Tánger, se le realizó un reconocimiento radiológico en las dependencias de Aduana del aeropuerto, donde se le apreció la existencia de numerosos cuerpos extraños alojados en su tracto intestinal, procediéndose a su traslado a un hospital de Madrid, donde quedó ingresado para su seguimiento y atención médica. Durante su estancia en el centro hospitalario, que duró cuatro días, expulsó cien bellotas de color marrón, que resultaron ser hachís.

La Fiscalía considera acreditado que E. O. Ch., marroquí de 37 años, dirigía las operaciones y el aprovisionamiento de droga. Su fuga, el hallazgo en el interior de un vehículo de anotaciones con gramos y el runrún que había en El Espinar activaron la intervención de los teléfonos móviles de los investigados. Tanto él como dos miembros del grupo de Parla no han podido ser localizados. El ministerio público mantiene la petición de prisión por los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal para los siete acusados que se personaron en el juicio y para los tres que se encuentran en rebeldía, con penas que oscilan desde los tres años de cárcel hasta los seis años y nueve meses. El fiscal entiende acreditados los delitos sobre la base de los registros efectuados, las escuchas telefónicas y la ausencia de trabajo u otra justificación para sus ingresos. Asimismo, rechaza que los acusados fueran meramente consumidores, como planteaban las defensas de algunos de ellos, que pedían la absolución.

Sí ha aceptado la atenuante por drogadicción para el miembro de la banda que hacía de 'mula', y para otro de los acusados por una dependencia moderada al cannabis. Las defensas de los acusados solicitaron de forma generalizada la absolución, argumentando que la carga de prueba no era suficiente para vincular a sus defendidos con esos delitos y que algunas escuchas telefónicas no se habían desarrollado de acuerdo a Derecho. Asimismo, la Fiscalía pidió el sobreseimiento para otros nueve detenidos que no llegaron a sentarse en el banquillo.