Los detractores de la estatua del diablo piden apoyo político para evitar su colocación

Desde que el Ayuntamiento de Segovia anunciase en octubre su intención de colocar la estatua en la calle San Juan –coincidiendo con su reapertura tras las obras de urbanización integral que se están acometiendo en la vía–, la Asociación San Miguel y San Frutos ha realizado diversas acciones para tratar de frenar su instalación. En primer lugar, recogieron firmas en papel (aseguran que más de 1.500) contra la estatua. También presentaron un recurso de reposición –que será desestimado hoy– contra el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local en el que se acepta la cesión, por parte de José Antonio Abella, de la cesión de los derechos para realizar una fundición en bronce de la escultura de su creación titulada 'Segodevs, Aqvaedvcti Artifex'. En dicho recurso también solicitaron la suspensión del acuerdo, presentando tres sentencias (una del Tribunal Supremo y dos de las Audiencias Provinciales de Bizkaia y Alicante) que consideran argumentan su petición. Por último, los miembros de la asociación han solicitado una audiencia ante el Ayuntamiento, que aseguran todavía no ha sido contestada, para presentar las firmas recogidas en papel y las más de 5.000 a través de la plataforma change.org.

La Asociación San Miguel y San Frutos establece siete motivos principales para rechazar la colocación de la estatua. Aseguran que la escultura resulta contraria a los valores cristianos y al derecho de la libertad religiosa, al considerar que erigir una estatua a una figura o idea determinada conlleva realizarle un homenaje o exaltación. En este sentido, subrayan que colocar una estatua con el cartel de 'Dios de Segovia', representando la figura del diablo, «es altamente ofensiva para los creyentes e infringe el artículo 16 de la Constitución». Además, la asociación considera que la escultura no respeta el patrimonio cultural inmaterial, ya que el diablo «aparece en la leyenda del Acueducto vencido y no triunfante, ni gracioso o bonachón».

Otro de los puntos esgrimidos por la asociación es que el Ayuntamiento no recibiría los valores patrimoniales de la estatua, lo que en su opinión favorecería al autor de la escultura. También argumentan «la falta de respeto» a los valores democráticos y a las normas de contratación, al «imponerse su instalación sin haber consultado a los ciudadanos, sin haberse sometido al pleno o sin un concurso público», así como por «haber infringido los principios informadores de la contratación del sector público». Sus argumentos son rechazados de forma categórica por la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, que recuerda que se trata de una donación, y que por lo tanto no tiene sentido realizar proceso de contratación alguno. No obstante, recuerda que «está contemplada una excepción» en el caso de que una administración municipal quiera adquirir la obra de un artista concreto.

También califica la edil de «mentiras» que la colocación de la estatua suponga una carga para futuros gobiernos de la ciudad durante los próximos setenta años, subrayando que se tendrá capacidad para moverla de sitio si así se desea, aunque no para regalarla. La concejala –que reconoce que dos técnicos municipales han estado trabajando durante el último mes para resolver el recurso también rechaza que la escultura incumpla las normas del PEAHIS –plan urbanístico que De Santos recuerda todavía no está aprobado– como sostiene la asociación, que llega a asegurar que el lugar en el que se pretende colocar la figura no cumple los requisitos mínimos de seguridad.