La desescalada entre rejas, condenada a la fase 0

Funcionarios de la cárcel de Segovia ven «precipitada» la orden publicada este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la desescalada que pretende aplicar el Gobierno de la nación de forma gradual en el interior de los centros penitenciarios. No es que la plantilla haga apostolado del mensaje de prudencia que predica la Junta, aunque representantes del personal se acogen a él para rechazar las medidas de progresiva flexibilización anunciadas por el Ministerio del Interior.

El delegado en Segovia de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Javier Albertos, deduce que «será complicado» que algunas de ellas puedan aplicarse en Perogordo «porque seguimos en la fase cero» y eso implica que «hay más limitaciones en la movilidad» que en otras provincias. En la misma línea se pronuncia la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Su representante provincial y responsable nacional de prevención de riesgos y salud laboral en las cárceles de España, Fermín Pinto, techa de «aventurados y prematuros» los planes del Ejecutivo, aunque éstos se circunscriban a los centros ubicados en zonas donde esté vigente ya la fase 1.

Esta organización se opone a que se retomen las comunicaciones en los locutorios, según recogen las nuevas instrucciones de la Administración. También rechaza que se restablezcan los permisos de salida, tanto los extraordinarios como los ordinarios previa autorización.

El delegado de Acaip recuerda que «hay muchos internos que cumplen condena en la cárcel de Segovia cuyas familias vienen de Madrid o de otras provincias cercanas». Para Albertos, «es imposible controlar el movimiento de esta gente», teniendo en cuenta la prohibición de moverse entre provincias que impera en el territorio segoviano. Cuando Segovia pase de fase, Acaip exige que «se garantice la seguridad sanitaria» en la desescalada dentro del centro penitenciario. Albertos propone que «a las comunicaciones en los locutorios entren menos familiares, ya que habitualmente pueden acceder hasta cuatro». Añade que el habitáculo tendrá que ser desinfectado cada vez que se use. Para minimizar el riesgo de que el coronavirus se cuele en la cárcel, reclama que solo pase un visitante para hablar con el recluso.

Por su parte, CSIF incide en la necesidad de medidas de protección para los trabajadores y, por ende, para la población interna. De momento, esta semana han empezado a hacerse los test como personal que presta un servicio esencial. Pinto critica la escasez de equipos y material para que los funcionarios desarrollen su trabajo a salvo de contagio.

«En los primeros días, cuando estalló todo, incluso los presos nos reclamaban que nos pusiéramos mascarillas», subraya el delegado de la central independiente. Sin embargo, la plantilla se ha tenido que conformar con «mascarillas que tienen un uso homologado de cuatro horas y que se han empleado durante un turno completo de más de cuarenta». «Empezar la desescalada sin las medidas adecuadas es temerario», advierte Pinto, quien también solicita la instalación de cámaras térmicas en la entrada de la cárcel y una máquina de ozono para desinfectar los paquetes y la correspondencia.

Perogordo ha logrado que hasta ahora no se haya contagiado ningún recluso de los aproximadamente 300 que cumplen condena. «Ha sido gracias a la profesionalidad de los trabajadores y a la suerte», apunta el delegado de Acaip. «Ha habido momentos de tensión como cuando se juntaron setenta funcionarios fuera de juego» entre el virus y bajas laborales que ya había. Ahora solo faltan tres, aunque la plantilla sigue muy por debajo de lo idóneo.

Durante la pandemia ha habido 16 trabajadores de baja al confirmarse el contagio y cerca de veinte han pasado la cuarentena al presentar síntomas compatibles con los del coronavirus.

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