La desescalada judicial avanza este lunes con la incorporación del 60% de la plantilla

Esta desescalada judicial' se rige por las directrices de diferentes autoridades, lo que ha generado cierta confusión para los profesionales de la Justicia. Por un lado, el Gobierno lanzó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Por otro, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictaminó una serie de indicaciones y, en el caso de las comunidades autónomas cuyas competencias en Justicia están transferidas a los Gobiernos regionales, una tercera autoridad ha emitido sus medidas en este asunto, aunque no es el caso de Castilla y León.

El decano del Colegio de Abogados en Segovia, Julián Sanz, explica que una de las principales reivindicaciones del sector durante estos meses es, precisamente, «concreción» ante el aluvión de directrices de tan diversa índole, para poder tomar medidas cuanto antes de cara a la desescalada en su ámbito de trabajo. Por ejemplo, el abogado señala que este sector desconocen aún qué sistema se va a utilizar en el caso de los juicios telemáticos: «Por lo menos, que podamos optar a saber por dónde nos tenemos que mover», explica el abogado, quien esta misma semana firmó un escrito en nombre del colegio en el pedían información a los juzgados a este respecto.

Según ha explicado el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, esta diversidad de indicaciones corresponden a la propia constitución del poder judicial en España. Por un lado, el Ministerio de Justicia tiene competencias sobre la dotación y gestión de medios materiales para que la Justicia funcione, mientras que el CGPJ se encarga del propio desarrollo de la actividad judicial. Ante este escenario, profesionales como él esperan «coordinación» entre todas las medidas dictadas desde uno u otro poder para poder adoptar de forma adecuada las medidas necesarias para la desescalada.

Desde que se decretó el estado de alarma, los plazos procesales y las actuaciones judiciales quedaron suspendidos, con unas pocas excepciones de casos urgentes, como las causas con presos, los de violencia de género, o algunos asuntos de Familia como la gestión de las visitas a los hijos para aquellos progenitores con custodia compartida. Además, se limitó la presencia de funcionarios a uno por órgano, menos el Juzgado de Guardia, que mantuvo al total de su plantilla y el Registro Civil, que incluso tuvo que reforzarse para atender el incremento de certificados de defunciones producido a raíz de la crisis sanitaria.

Con el creciente alivio de la pandemia, el Gobierno ha planteado un plan para llevar a cabo una desescalada judicial, que prevé un escenario intermedio entre el parón producido bajo el estado de alarma y un funcionamiento completamente normal de la Justicia. Según este programa, los plazos procesales y actuaciones judiciales se retomarán el día 4 de junio. Hasta entonces, se deberá avanzar por diferentes fases, de forma similar a las que han de adoptar el grueso de la población en relación a los desplazamientos o las reuniones sociales. Hace dos semanas, el ámbito judicial entró en su propia fase 1, que contempla la reincorporación de parte de los trabajadores hasta un 30 % de la plantilla. La próxima semana, a partir del lunes día 25, arrancará la fase 2, con un 60 % del personal y, a partir del día 8 de junio, se prevé la presencia del 100 % de los empleados en los órganos .

Sin embargo, hasta principios de septiembre, el funcionamiento de la Justicia tendrá sus propias peculiaridades de un período que aún corresponde a la desescalada y en el que se recomienda la celebración de casi todos los juicios de forma telemática. Según ha informado Pando, estas vistas virtuales se celebrarán a través de la web del Ministerio de Justicia y no con el uso de una aplicación ajena al sistema, con el fin de ofrecer mayores garantías procesales. Cada Sala de vistas llevará aparejada una Sala virtual a la que podrán conectarse todos los involucrados a través de unas claves de forma que puedan comunicarse por videoconferencia, que será grabada automáticamente.

Este método no está exento de desafíos, ya que, según reflexiona Pando, aunque es probable que los jueces, fiscales, abogados y peritos no tengan problemas de acceso a estos medios telemáticos, sí es posible que entre los testigos, personas de «cualquier clase y condición», pueda haber casos en que no se tenga acceso a Internet o conocimientos suficientes para llevar a cabo la reunión. En este caso, la persona deberá ser citada en la Sala física, a una hora específica y con las medidas de seguridad adecuadas.

Las excepciones que contemplan las nuevas directrices para celebrar juicios presenciales y no telemáticos son aquellos procesos en los que se investigan delitos que pueden acarrear penas de prisión de más de cinco años, los llamados delitos graves, que son los de los que se ocupan la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Ignacio Pando.

En su opinión, un juicio «en persona» ofrece más garantías al acusado, porquepara un tribunal siempre es más fácil valorar un testimonio resultado de un interrogatorio en directo. Según su experiencia, cuando estas conversaciones se producen de forma telemática, siempre existe «un lapso de tiempo» entre la pregunta y la respuesta que resta dinamismo y frescura al testimonio y dificulta la labor del interrogador para poner a prueba al procesado o al testigo. Por ello, para el caso de los delitos graves, se establece la indicación de celebrar vistas presenciales y, en el caso de la Audiencia Provincial de Segovia, para el próximo mes de junio ya hay señalados tres vistas, que deberán seguir unas rigurosas normas de seguridad sanitarias.

En primer lugar, se ha restringido la entrada de personas al Palacio de la Justicia, por lo que solo se puede acudir si uno ha sido citado o ha programado una cita previa para realizar algún trámite, nunca de forma espontánea. Pando insiste en la divulgación de este extremo porque, según comenta, hay muchas personas que en la actualidad se desplazan al edificio y descubren estas restricciones en la misma puerta.

En la misma línea, tanto las personas que quieran acudir al juicio de público como los medios de comunicación deberán informar antes al órgano correspondiente, para que este pueda elaborar una lista de personas admitidas el día del juicio. De la misma forma, los testigos que deban acudir serán citados con un espacio de tiempo suficiente entre unos y otros para evitar aglomeraciones en los pasillos del edificio.

Una vez dentro de la Sala, los intervinientes deberán guardar dos metros de distancia de seguridad unos de otros y, en el caso de que no sea posible por las dimensiones del espacio, se colocarán mamparas de metacrilato o plástico para llevar a cabo esta separación, como ya ha ocurrido esta semana durante una vista en el Juzgado de lo Social de Segovia. Además, cada una de las partes deberá coger a su entrada una funda para su micrófono, colocarla en este y, a su salida, deshacerse de ella en una papelera cerrada que ya ha sido provista en los diferentes órganos judiciales, con el fin de evitar contagios a partir de las partículas de saliva que se desprenden de la boca al hablar.

En el caso del público, el límite de aforo permitirá que este pueda disponerse de tal forma que en cada banco haya una sola persona, también en el caso de los medios de comunicación, que tendrán un espacio reservado por su papel de «transmisores» de lo ocurrido en el juicio al exterior, que vienen a paliar en gran parte estas particulares limitaciones al derecho de tener una audiencia pública. Debido a estas restricciones, resultará imposible celebrar durante estos tres meses juicios multitudinarios como el vivido en enero en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con cincuenta acusados y más de una decena de abogados: «Necesitaríamos un polideportivo para mantener las distancias», comenta Pando, quien matiza que no hay ningún juicio de tales características previsto.