Las denuncias en la capital segoviana por personas desaparecidas se cuadruplicaron en 2021

En la capital segoviana la encargada de investigar este tipo de sucesos es el Cuerpo de la Policía Nacional, que solo el año pasado registró un total de 236 denuncias por desaparición, una cifra notablemente más elevada que la de 2020, cuando tramitó 59 expedientes, lo que equivale a un aumento del 75%. Esto quiere decir que, a lo largo del último ejercicio, estas denuncias atendidas por la Policía Nacional en la capital se han cuadruplicado. En el resto de la provincia es la Guardia Civil la que asume estas pesquisas. En 2021 contabilizó 18 trámites de estas características, cinco más que en el curso anterior.

Así pues, sumados ambos ámbitos policiales de actuación y las intervenciones llevadas a cabo por ambas fuerzas de seguridad del Estado, el año pasado se alcanzaron en la provincia 254 denuncias ante la ausencia de certezas sobre el paradero de ciudadanos. Sin embargo, Francisco González, encargado del Equipo de Delitos Contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Segovia, matiza que estas cifras oscilan. Cree que la pandemia no ha tenido una repercusión significativa. Por ejemplo, en 2017 entre Policía Nacional y Guardia Civil se encargaron de 120 casos de desaparición, en 2018 fueron 157 y en 2019 descendieron a 87.

De todas las denuncias de este tipo que se han interpuesto ante la Guardia Civil, sin tener en cuenta las gestionadas por el Cuerpo Nacional de Policía, tan solo hay dos episodios que permanecen en el aire, sin conocer aún su final.

El primero data de 2009, hace ya trece años. Según explican fuentes del Instituto Armado, responde a una persona que desapareció en la localidad segoviana de Rapariegos, aunque la denuncia se registró en Vizcaya. Se trata de un hombre que fue a realizar una gestión con su vehículo y nunca regresó. El coche, sin embargó, lo encontraron en el término abulense de El Tiemblo y poco después la mujer recibió una carta en la que decía que se había marchado. «A pesar de todo, sigue constando como desaparecido porque nosotros no hemos dado con su paradero y la carta la podría haber escrito otra persona; por eso, hasta que no confirmamos que está bien sigue siendo un caso sin resolver», confirma González.

Para el segundo de los casos sin resolver hay que trasladarse hasta Montejo de Arévalo en 2012. La denuncia la puso un hermano y las pesquisas tampoco dieron el fruto esperado.

Tal y como especifica el encargado del equipo especializado, «no hay manera de dar con esta persona, al parecer tenía problemas relacionados con el alcohol y no tenía trabajo». No obstante, insiste en que las investigaciones no caen en el olvido, ya que tienen la obligación de hacer un seguimiento cada seis meses.

Las denuncias por desaparición, según el protocolo del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), se dividen en tres tipos: voluntarias, involuntarias y forzosas. El experto detalla que la mayoría son voluntarias. De hecho, en España el 89% de las denuncias contabilizadas en 2020 fueron de este tipo y el grupo de edad más significativo, con un 67% de los casos, es de jóvenes de entre 13 y 17 años.

«Muchas veces se escapan de los centros de acogida o de sus domicilios porque discuten con su familia, pero al ser menores nuestro trabajo es localizarlos y reintegrarlos, igual que ocurre con las personas con declaración de incapacidad», expone el experto.

Por su parte, el 10,2% de las desapariciones que se investigan son calificadas de involuntarias. Y dentro de este grupo, más de un 8% no tienen causa aparente, algo más del 1% se deben a accidentes y en torno a este porcentaje también están las que sufren las personas con deterioro cognitivo. Las menos frecuentes pero más graves son la forzosas. Suelen relacionarse con hechos delictivos y suponen en torno al 0,81%. Los motivos más frecuentes son la sustracción parental de hijos pequeños, la expulsión de menores del hogar y delitos como los secuestros.

Uno de los cambios más importante que se introdujo en los nuevos protocolos de 2019 es, según González, que para cualquier tipo de desaparición ya no es necesario esperar 48 horas, aunque sea mayor de edad. «Es un cambio muy positivo porque las primeras horas de búsqueda son clave para encontrar con vida a la persona, en especial, en los casos de mayores con demencia».

Cuando da cuenta a las fuerzas de seguridad de una desaparición es importante aportar la mayor cantidad de detalles, como características físicas, vestimenta, si lleva teléfono móvil o documentación, vehículo, enfermedades y medicación; pero también hábitos o actividades cotidianas. Además, es recomendable aportar una fotografía y si la familia da su autorización se publica en la web oficial del CNDES.

A partir de ese momento, el responsable de la unidad cuenta que su misión es ir tirando de todos los hilos posibles y buscando nuevas pistas que arrojen luz. En la investigación se hace un reconocimiento de los lugares que frecuenta la persona a las que se busca, se habla con posibles testigos y vecinos, se revisan las cámaras de seguridad, se analizan los movimientos bancarios, dispositivos tecnológicos y las redes sociales y se contacta con familiares y amigos.

Si pasan varios días, la Policía Judicial también solicita una muestra de ADN a los allegados porque, en caso de que se descubra un cuerpo, si ya está registrado en la base de datos el proceso de identificación es mucho más rápido, desgrana González.

Por norma general, encuentran a los desaparecidos en buen estado, aunque las circunstancias son dispares. En este sentido, hace referencia a una persona a la que se la perdió la pista en Cuéllar y localizaron en Barcelona. «Estaba viviendo en la calle de la caridad de la gente, una patrulla la identificó y se dio cuenta de que estaba desaparecida». Si los extraviados tienen alguna discapacidad, problemas de salud o de alcoholismo también son factores de riesgo.