Segovia

Denuncian ante la Fiscalía el estado de ruina de la estación de Ortigosa

Entiende López que se puede haber incurrido en un delito sobre el patrimonio histórico industrial estipulado en el Código Penal. El objetivo es conseguir que la prolongación de la «desidia administrativa» no permita sustituir la demolición –ahora suspendida– por los efectos «no menos perversos» de las inclemencias del tiempo, la fuerza de la gravedad y el vandalismo, como ha venido ocurriendo durante estas tres últimas décadas sin operatividad.

El denunciante considera que este «atentado» contra el patrimonio histórico industrial es solo «uno más de los múltiples que están produciéndose en España, ante la pasividad de los órganos competentes de las administraciones públicas, puesto que forman parte de ellas quienes los perpetran». Según López, los entes administrativos del patrimonio público suelen priorizar la «cuenta de resultados» al mantenimiento de los bienes. «Y lo que no resulta menor es que esas cuentas de resultados (en lo público) se mantienen con el engaño (vías verdes, después también abandonadas), causando el vaciado de los pueblos y provocando una mayor contaminación al forzar el uso de los medios de transporte privado».

En su opinión, la ruina de la estación de Ortigosa de Pestaño es un ejemplo de cómo entes públicos que administran bienes del Estado abandonan a su suerte los que no le son necesarios y no aportan beneficios a su cuenta de resultados, «actividad lamentable que alcanza tintes delictivos cuando lleva al deterioro y a veces a la desaparición de aquellos que han alcanzado la categoría de patrimonio histórico industrial».

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«El abandono de estos bienes, un atentado cultural evidente, es consecuencia de la anulación de servicios esenciales para los habitantes del medio rural, lo que potencia la despoblación que quiere ser combatida desde el Gobierno en una flagrante contradicción que están pagando los habitantes de las zonas menos favorecidas», añade en su denuncia, dirigida contra los miembros del gobierno municipal que aprobaron la declaración de ruina y la orden de demolición del edificio y contra los máximos responsables del mantenimiento y la custodia del inmueble dentro del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias desde el cese de la actividad en el año 1993.