Los delitos de narcotráfico se multiplican por seis entre enero y marzo a pesar del estado de alarma

Entre enero y marzo, ambos meses incluidos, la Guardia Civil y la Policía Nacional han tramitado en el conjunto de la provincia doce delitos penales por tráfico de drogas (la mitad en la capital), lo que significa que se han multiplicado por seis las dos infracciones penales contabilizadas en el mismo periodo de 2020, coincidiendo con la irrupción de la covid en la vida cotidiana y con la declaración del primer estado de alarma y del confinamiento domiciliario que se alargó desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Establecimientos cerrados, la mayoría de la actividad económica parada y la obligación de los ciudadanos de permanecer en sus casas. Un contexto que también propició un descenso de la delincuencia, reducción que ha continuado durante los primeros tres meses de este ejercicio 2021.

El Ministerio del Interior, a través de su balance de criminalidad, revela un descenso global de los delitos penales en la provincia del 6,3% con respecto al primer trimestre de 2020, subraya la subdelegada. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han contabilizado un total de 943 denuncias por la comisión de infracciones contempladas en el Código Penal. Son 72 menos que las registradas en el primer trimestre del año pasado. Además, por primera vez desde 2010, el inicio del curso se salda con un cómputo delictivo en la provincia que baja de la barrera de los mil delitos tramitados por Guardia Civil y Policía Nacional, y supone el menor volumen de denuncias de al menos los últimos siete años.

Pero los datos del Ministerio del Interior arrojan dos excepciones llamativas que rompen la regla. El tráfico de drogas es una de ellas. La otra, el aumento de los delitos contra libertad e indemnidad sexual. También suben las sustracciones de vehículos, aunque esta infracción no es frecuente, a tenor del balance de criminalidad, y pasan de cuatro a siete en el primer trimestre del año.

El narcotráfico ha buscado sortear las restricciones impuestas a raíz de la pandemia. «Frente a los cierres de la movilidad y de las fronteras territoriales entre comunidades e incluso entre provincias, los delincuentes se han dedicado también a la producción», explica la subdelegada del Gobierno a la hora de destacar el aumento «paralelo» experimentado en las intervenciones policiales para atajar el tráfico de estupefacientes en la provincia. Y es que –añade Lirio Martín– han abundado las operaciones en las que se han incautado plantaciones caseras de cannabis, ya fuera en domicilios particulares o locales como al aire libre, en parajes naturales de difícil acceso incluso donde los delincuentes montaban sus tiendas de campaña y cultivaban sus plantas para su posterior tratamiento y comercialización.

Este rol de productores al estar clausuradas las comunicaciones habituales para el traslado de la mercancía ha hecho que también se expusieran y arriesgaran más. Martín alaba las actuaciones «altamente resolutivas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el esclarecimiento de este tipo de delitos». El balance del año pasado, marcado por el coronavirus, es que, sumadas las operaciones llevadas a cabo por ambos cuerpos, en la provincia se superaron en un 51% las incautaciones de droga que se produjeron en 2019. En total, los agentes intervinieron 79 kilos de sustancias ilegales. Dichos dispositivos se saldaron con «36 acciones de esclarecimiento de delitos y treinta detenciones» de personas que cometieron una infracción penal por tráfico de estupefacientes.

En estas aprehensiones mucho tienen que ver los controles en las carreteras de la provincia en los que la Guardia Civil ha interceptado mercancía ilegal que muy probablemente tenía un destino que no era Segovia. El Espinar o Fresno de Cantespino son dos puntos habituales de interceptación de los delincuentes que transportan la droga.

Así pues, las restricciones por el estado de alarma no han amedrentado el 'trapicheo' de estupefacientes. Sin embargo, sí ha estado más perseguido. «Se han retirado de las calles sustancias que no solo son ilegales, sino que son peligrosas, y se ha evitado que llegaran a personas más vulnerables a caer en adicciones, sobre los menores», se felicita la subdelegada del Gobierno.