El déficit de atención psiquiátrica agrava los conflictos en Perogordo

El personal de la cárcel de Segovia se siente inseguro. Parece una paradoja; pero no. Es su drama cotidiano. La escasez de plantilla es la punta de un iceberg de deficiencias estructurales y de organización contra el que colisiona el normal funcionamiento del centro. Una nueva agresión a un funcionario de vigilancia destapa algunas de las carencias de las que se quejan los portavoces de la Central Sindical Independiente (CSI-F), la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras (CC OO). La violencia con la que se empleó el recluso y su «extraño» comportamiento hacen dudar a la plataforma del perfil psiquiátrico del interno.

Tuviera o no algún tipo de trastorno, diagnosticado o no, lo cierto es que «un elevado porcentaje de las personas que cumplen condena en la cárcel de Segovia sufren alguna patología psiquiátrica», asevera Fermín Pinto. El representante sindical revela que la atención que se presta desde este punto de vista clínico a los reclusos es «escasa e insuficiente». En concreto, hay un especialista externo que acude dos veces al mes al centro penitenciario de Perogordo para examinar a estos pacientes. En cada visita «le da tiempo a ver a diez o como mucho a doce», añade el portavoz de la plataforma sindical.

Por el contrario, «solo en el módulo específico para internos con discapacidad mental hay unos cuarenta», calcula Pinto, quien llama la atención sobre el aumento de la gravedad de los conflictos relacionados con las deficiencias estructurales que complican el trabajo en las instalaciones. En este ámbito de la atención psiquiátrica, tendría que haber al menos otro facultativo más solamente para cubrir la asistencia que requiere la población reclusa de Perogordo que cumple condena en el recinto acondicionado y dedicado a las personas que padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico.

Este módulo terapéutico, por cierto, fue objeto de los elogios que expresó la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, en su intervención con motivo de la reciente festividad de la Merced, ya que se trata de «un referente» para el resto de centro penitenciarios. La máxima responsable de la Administración General del Estado en la provincia también presumió en dicho acto patronal del arco de programas terapéuticos que completan la asistencia a los internos que lo requieren.

En este campo se encuentran, por ejemplo, la atención integral que se brinda a drogodependientes o la línea de integración de internos extranjeros o para los más jóvenes, amén del citado módulo para los que sufren una discapacidad mental.

Pero los sindicatos van más allá de las bendiciones del sistema. Matizan que una buena parte de los internos con los que han de trabajar a diario arrastran problemas de drogodependencia, adicción que no deja de estar relacionada con los problemas psiquiátricos.

De ahí que piensen que la población presa con esta clase de patologías es más numerosa que la que está acogida en los módulos terapéuticos como el que funciona en Perogordo. Esta circunstancia no solo se localiza en la prisión segoviana, apostillan, sino que es un mal del sistema penitenciario nacional.

Las cifras intentan reforzar la tesis de la plataforma sindical. Un estudio elaborado por Acaip hace escasamente dos años recogía el aumento de la cantidad de reclusos que padecen trastornos mentales, que a principios de esta década se situaba en torno al 25% de todos los presos y que con el paso de los años ha subido hasta representar el 30% de esa población interna.

La falta de plantilla en el centro penitenciario de Segovia está cifrada en 45 plazas vacantes. Este déficit y un perfil de presos cada vez más peligrosos, a lo que hay que añadir la carencia de atención psiquiátrica, hacen que el trabajo cotidiano en Perogordo sea cada vez de más alto riesgo, advierten los sindicatos.

En la actualidad, solo hay dos cárceles en España para los presos con problemas psiquiátricos, y ambas están en el sur: Sevilla y Alicante. Por eso, la plataforma reivindica al Gobierno que implante al menos unas instalaciones de estas características en la zona norte del país.