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A falta de asuntos de mayor enjundia y al margen de las mociones, la comparecencia de la defensora de la Ciudadanía, Paloma Serrano, constituía el principal punto del orden del día en el pleno ordinario de abril. Serrano acudió a la cámara municipal con el ... informe del año en la mano y fue muy clara en su exposición. De sus palabras se deduce que cree en la institución que encarna como «cauce legal de la participación ciudadana a través de los derechos y deberes en la democracia del siglo XXI», pero también que necesita más apoyo, o al menos que le hagan más caso, consciente como es de que sus actuaciones, recomendaciones o resoluciones no tienen un carácter vinculante para el Ayuntamiento.
«Sería deseable –dijo Paloma Serrano– que en el futuro las recomendaciones de la Defensoría consiguieran tener un carácter por lo menos preceptivo. No debe olvidarse que los ciudadanos, mediante sus quejas ante la administración municipal por presunta mala praxis de los servicios municipales, aumentan la importancia de cumplir con los principios del buen gobierno y de transparencia, elevando con ello los criterios de calidad democrática, en la que definíamos como 'democracia de proximidad', desarrollada en la ciudad como espacio común de convivencia. La cuestión no es baladí». La defensora señaló que la respuesta de la administración municipal a las demandas debe ser considerada como «prioritaria», pues son «muchos» los ciudadanos que recurren a la Defensoría quejándose de la «falta de respuesta» del Ayuntamiento a sus reclamaciones. «Sería necesario mejorar dicho servicio de atención a la ciudadanía», concluyó. En este sentido, Paloma Serrano desveló que hay todavía expedientes de queja sin contestar correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, «por no retrotraernos más en el tiempo». Además de la obligación legal que los organismos municipales tienen de contestar a esas quejas, la defensora subrayó el «compromiso ético» que subyace en el principio de la buena administración.
Los datos desvelan que los ciudadanos recurren a la institución cuando tienen una queja o reclamación dirigida al Ayuntamiento. En 2021, la Defensoría de la Ciudadanía realizó 1.129 actuaciones (176 entrevistas, 688 correos electrónicos recibidos y contestados, 95 llamadas recibidas, 142 documentos de registro y 28 expedientes abiertos). El ruido sigue estando a la cabeza de las quejas ciudadanas. «La administración local –continuó la titular de la institución– debería intentar solucionar las quejas presentadas, algunas de las cuales se arrastran en el tiempo, como el ruido o la contaminación acústica procedente de los espacios públicos, pero sobre todo del interior de las viviendas, lo que a su vez genera problemas de convivencia entre los vecinos». El ruido se ha convertido en un problema «sistémico» de la ciudad, como demuestra el número de expedientes tramitados en 2020 y 2021 por la propia Defensoría ante la Concejalía de Urbanismo. «La administración local debe cumplir con las normas que sobre dicha materia existen, una de ellas emanada de su potestad normativa como ordenanza municipal del ruido y vibraciones de 3 de febrero de 2014, junto a la Ley 5/2009 del ruido de Castilla y León, de rango superior», añadió Serrano.
Otra asignatura pendiente es la mejora de la accesibilidad en las calles de Segovia con la supresión de las barreras arquitectónicas, lo que, según la defensora, facilitaría una «auténtica inclusión social» de las personas con discapacidad o con movilidad reducida. Para ello, es «necesaria» la coordinación entre las concejalías correspondientes.
El informe anual refleja asimismo el resultado de las reuniones que la defensora de la Ciudadanía ha mantenido con todas las asociaciones de vecinos de Segovia. En estos encuentros, Paloma Serrano ha recogido los problemas e inquietudes de los representantes vecinales, la mayoría relacionados con la necesidad de mejorar determinados servicios públicos en los barrios, «mejoras que deben ser asumidas por la administración municipal cuando recaigan dentro de su ámbito competencial».
La defensora de la Ciudadanía recibió un cerrado aplauso de los representantes políticos, además de numerosas alabanzas hacia su gestión. Serrano, que acabó su intervención con una condena de la invasión rusa de Ucrania y el genocidio que se está produciendo en aquel país, agradeció el gesto, aunque, a buen seguro, más hubiera agradecido el cumplimiento de sus recomendaciones. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, subrayó la «labor generosa y altruista» que la defensora desempeña, así como su «cercanía» a los problemas de los ciudadanos. «Segovia está orgullosa de haber creado y mantenido esta institución», añadió la regidora.
El portavoz del PP, Pablo Pérez Coronado, destacó la contribución de Serrano al engrandecimiento de la institución y su capacidad para «escuchar a los ciudadanos», pero subrayó la necesidad de que el Ayuntamiento de Segovia tome medidas en el momento que las quejas o reclamaciones se plantean. «Su informe –dijo– evidencia la situación de la ciudad, con quejas que se repiten año tras año».
Por su parte, el portavoz de Podemos-Equo, Guillermo San Juan, puso el acento en la necesidad de abordar las quejas, especialmente aquellas que afloran en todos los informes anuales, como las referidas al ruido y la accesibilidad en las calles o en la propia administración. «Muchas de estas quejas son comunes a otras administraciones, pero debemos indagarlas y atajarlas».
Los portavoces de Ciudadanos e Izquierda Unida, Noemí Otero, y Ángel Galindo, respectivamente, agradecieron el trabajo de la defensora y subrayaron la importancia de la institución que encarna como herramienta para el control y la mejora de la administración municipal. Otero pidió una «respuesta» contundente al problema del ruido.
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