La cuenta atrás para el juicio más largo en Segovia

A las 9:30 horas está previsto que empiece el juicio oral contra once exdirectivos de la antigua cúpula de Caja Segovia. Seis de ellos serán juzgados por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal; los otros cinco, como responsables civiles a título lucrativo. Han sido más de siete años de proceso judicial desde que UPyD denunció los hechos en otoño 2011.

Ahora, en el banquillo se sentarán Atilano Soto, quien presidía el consejo de administración y que no percibió cantidad alguna como se ha desvelado en las diligencias previas; el que era vicepresidente, Manuel Agudíez, y Elena García Gil, como miembro de la comisión de retribuciones, que al igual que los anteriores dos investigados no recibió desembolso alguno. El exdirector general, Manuel Escribano; Antonio Tapias, antiguo secretario general, y Enrique Quintanilla, que era el subdirector de Medios, completan la lista de encausados por la vía penal.

Pando admite que un proceso de esta envergadura «trastoca lógicamente la actividad normal» en la Audiencia. Y eso que el presidente se inhibió. De no haber procedido así, «el trastorno hubiera sido aún mayor», confiesa, ya que la atención de la ya de por sí notable carga diaria de trabajo se queda sin dos magistrados.

La composición del tribunal colegiado encargado de gestionar el pleito la conforman Asunción Remírez, como magistrada ponente y miembro de la Audiencia Provincial, y dos magistrados más. Ejercerá la presidencia del órgano José Miguel García Moreno, también ejerciente en el Palacio de Justicia de Segovia, y Álvaro Aza, juez de adscripción territorial perteneciente a la Audiencia de León.

Los números justifican la expectación que prevé Ignacio Pando, un escenario que en función de cómo se desarrolle la vista inaugural del 22 de enero se adecuará en las siguientes jornadas a las necesidades detectadas, fundamentalmente de espacio en la sala y de tiempo. El presidente de la Audiencia no quiere que el juicio se alargue en demasía y manifiesta su deseo e intención de que se concentre toda la actividad de declaraciones y testimonios en dos o tres semanas como máximo.

Según la diligencia que se notificó a las partes, el juicio constará al menos de otras seis sesiones más. También están señalados en rojo el 5, 6, 7, 12, 14 y 19 de febrero. En total, siete sesiones programadas con seis encausados sentados en el banquillo, a los que hay que sumar los otros cinco exaltos cargos que no tendrán que pasar por ese trance, ya que «no es obligatoria su comparecencia» en el transcurso del juicio, explica Pando. Esos cinco investigados son Miguel Ángel Sánchez, Óscar Varas, Juan Antonio Folgado, Juan Bautista Magaña y Malaquías del Pozo.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estará muy pendiente de que el procedimiento siga su curso sin más trastornos que los consustanciales al procedimiento judicial. Sus representantes supervisarán la logística de un juicio oral que se presenta con la etiqueta de extraordinario por su duración, por la cantidad de abogados y representantes legales implicados y por la relevancia social de los encausados que se sentarán en el banquillo. En cuanto a los testigos, pasarán por la sala de vistas más de veinte.

Pando anticipa que el recinto se quedará pequeño, aunque ya se han marcado algunas líneas de actuación para paliar la falta de espacio. Por ejemplo, las dos primeras filas de bancos estarán reservadas para los medios de comunicación. Al fondo, se habilitará un hueco para las cámaras. Los equipos legales también se prevén nutridos, por lo que se ha planteado instalar a los abogados de las partes en los estrados que suelen utilizarse para los jurados.

De momento, el calendario notificado a las partes el pasado mes de noviembre permanece «intocable», confirma Alberto López-Villa, letrado que defiende los intereses de Izquierda Unida (IU). La coalición política representa es una de las dos acusaciones populares que quedan en el proceso junto a la que ejerce la Confederación Intersindical de Cajas.La tercera acusación, la particular, la encarna la Fundación Caja Segovia. Por su parte, la Fiscalía ha expresado su intención de mantener la petición de archivo.

López-Villa desvela que ha habido peticiones de aplazamiento por parte de algunos de abogados defensores debido a problemas para cuadrar las agendas por la coincidencia en el calendario con otros señalamientos; pero esas solicitudes han sido denegadas. La prioridad de los despachos implicados en el proceso ha de ser este juicio durante los dos o tres primeros meses del año.

El letrado de IU confirma que incorporará a la acusación las conclusiones de la comisión de investigación sobre las cajas de ahorros que se ha desarrollado en las Cortes regionales porque «aclaran que la situación que tenía Caja Segovia era catastrófica» cuando se aprueba «el premio» a los directivos. «Las cuentas estaban magulladas por no decir que estaban falseadas», apostilla.