Cuatro pueblos de Segovia se suman al parque de alquiler social de casas sin uso

El consejero señaló que estas viviendas contribuyen a incrementar el parque social de la Comunidad que ya asciende a 1.760 viviendas, con un elevado porcentaje en el medio rural y de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incorporadas a un nuevo programa de casas parroquiales puesto en marcha este año, las incluidas en Rehabitare y las de protección pública propiedad de la empresa pública Somacyl, que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.

Asimismo , destacó la apuesta de la Junta de Castilla y León por el alquiler con opción de compra de viviendas, ya que, a su juicio, «el acceso a la vivienda ya no pasa tanto por la compra sino por las rentas limitadas para las personas con escasos recursos». En esta línea se encuentra también el convenio entre la Junta y la Federación de Municipios y Provincias, así como los que se rubricarán en un futuro próximo con los ayuntamientos para que las viviendas municipales públicas se gestionen de forma «unificada».

Este programa tiene varios objetivos, por un lado, garantizar el acceso a la vivienda a las personas con dificultades, fijar población y favorecer el mantenimiento de los pueblos. También persigue rehabilitar el patrimonio inmobiliario del medio rural para evitar su abandono, ya que estas viviendas suelen ser las antiguas casas del médico, del maestro, del cura, de la Guardia Civil o escuelas, normalmente situadas en buenos lugares de los pueblos, detalló. Además, esta iniciativa embellece los pueblos y permite revitalizar y generar actividad económica, ya que son obras que, según subrayó Suárez-Quiñones, ejecutan empresas locales.

Son los ayuntamientos los que determinan el precio del alquiler, que no puede exceder de la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio. Tienen preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León.

El programa se inició en 2009 en Palencia, pero la situación económica obligó a su suspensión hasta 2016, momento desde el cual se ha intervenido en 103 viviendas de en torno a 70 municipios con un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros.En la provincia de Segovia son ya once las viviendas incorporadas al programa desde su inicio en 2016, con una inversión de 497.271 euros. Además de las que se rehabilitarán en las localidades de Villacastín, Codorniz, Sotosalbos y Turégano, con un presupuesto de 208.022 euros, el año pasado se incorporaron al parque público de vivienda de la Junta Escalona del Prado, Chañe, Prádena, Cantimpalos, Veganzones y Melque de Cercos, para lo cual se invirtieron 289.249 euros..

Suárez-Quiñones garantizó que se trata de un plan con vocación de futuro y que en 2018 contará con una partida «similar», porque contribuye a las políticas de despoblación en las que trabajan de forma transversal todas las consejerías.