Las Cortes aprueban la petición de suprimir los peajes y que se compense a los usuarios

El Parlamento regional instó de esta manera a la Junta a que se dirija al Gobierno central para que las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 consuman el periodo de concesión y no se vuelva a prorrogar ni a publicar una nueva explotación externa, por lo que a partir de ese día que expire la adjudicación los que circulen por estas vías lo hagan «libre de peajes», que era la propuesta debatida y votada. La resolución fue consensuada por las dos fuerzas mayoritarias –Partido Popular y Partido Socialista–, cuyos grupos habían presentado dos proposiciones no de ley.

A los votos de los populares y socialistas se sumaron los de los procuradores de Ciudadanos y de Podemos, pese a sus reticencias, mientras que el Grupo Mixto se abstuvo. El texto pactado por los dos grupos mayoritarios también pide que se apliquen las fórmulas viables «técnica y económicamente» para compensar a los usuarios de Segovia, Ávila y otros puntos de la comunidad que han de pagar peaje por utilizar vías de alta capacidad.

La proposición reclama que se analice el cumplimiento del contrato por parte de la concesionaria, Iberpistas, sobre la seguridad para evitar episodios como los de la nevada del fin de semana de Reyes, cuando miles de vehículos se quedaron atrapados. También pide que se acometan las actuaciones sancionadoras necesarias a la empresa derivadas de las responsabilidades en que hayan podido incurrir, según informa la agencia Ical.

Las Cortes demandaron al Gobierno español que se ponga en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6, ya libre de peajes, como variante de San Rafael. Además, pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que informe sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 que declaró ilegal la concesión otorgada en 1999 y en todo caso el cumplimiento «estricto» de la misma.

El procurador socialista por Segovia, José Luis Aceves, defendió una iniciativa «sensata» para lograr una decisión «histórica». En el debate, rechazó el «ultimátum» de Podemos y señaló que no pretende generar «falsas expectativas», sino buscar el acuerdo para una medida que reclama, a su juicio, la ciudadanía. «Es histórico», reiteró el también secretario general del PSOE de Segovia al referirse al pronunciamiento del Parlamento castellano y leonés porque pide «alto y claro» que las autopistas sean «libre de peajes».

Por su parte, el procurador popular, el también segoviano Juan José Sanz Vitorio, consideró necesario determinar la capacidad real a partir de 2019 para tomar decisiones sobre los peajes. Por ello, reiteró la exigencia del Partido Popular al Gobierno para que una vez vencidas las concesiones, no sean renovadas. En el caos de la AP-6, Sanz Vitorio precisó que existe una responsabilidad de seguimiento, inspección y toma de decisiones sobre la concesión. «Hay que saber qué es lo que ha pasado», dijo antes de exigir responsabilidades a la empresa, si bien recordó que la titularidad corresponde al Estado. En su opinión, es cada vez más difícil mantener más kilómetros con menos personal.

La procuradora segoviana de Podemos, Natalia del Barrio, demandó la liberalización como solución más sencilla; y apoyó la alternativa a San Rafael por la AP-6, que se informe sobre el cumplimiento del fallo europeo y la compensación a los ciudadanos; pero se opuso a que se pida el fin de la concesión sin plazos y que se exima de responsabilidad en la nevada al Ministerio de Fomento.

Por otra parte, la procuradora de Ciudadanos, Belén Rosado, reivindicó en el debate de ayer una proposición no de ley con acuerdo de los grupos de las Cortes para que la iniciativa tenga «fuerza» en el Congreso de los Diputados. Asimismo, la representante de la formación naranja puso de manifiesto el respaldo popular que hay detrás de la reivindicación de suprimir los peajes, avalada por 28.000 firmas recogidas por la plataforma cívica.

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, criticó la connivencia de PP y PSOE y valoró la «batalla judicial» de colectivos sociales ante una «ilegalidad manifiesta». También calificó de «fraude» el decreto de 2012 por el que el Gobierno aplicó el fallo europeo. El dirigente político indicó que la AP-6 ha sido ya amortizada por la concesión de 1968 y reclamó un modelo «de gestión pública» en el que se salvaguarde los derechos de los trabajadores.