Imagen de archivo de una operación policial ante una ocupación ilegal de vivienda en la ciudad de Segovia. C. B. E.

Segovia

Las consultas dirigidas a la oficina 'antiokupación' se duplican desde enero

El presidente de la asociación de inmobiliarias asegura que los impagos han aumentado «exponencialmente» en los últimos meses

Miércoles, 1 de mayo 2024, 00:40

El temor de los propietarios a sufrir una ocupación ilegal de vivienda aumenta en la misma línea en que se incrementan los impagos de alquileres. La oficina 'antiokupación' ubicada en Segovia, que cumple este mes un año de trayectoria, ha visto cómo se han duplicado ... las consultas por parte de titualres de inmuebles afectados por esta usurpación. El presidente de la Asociación Segoviana de Empresas Inmobiliarias (Aseinmo), Gonzalo Marina Villanueva, asegura que se trata de un fenómeno que se ha extendido por la provincia «de forma exponencial».

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Hay preocupación entre los caseros segovianos. Hace apenas unos años, era fácil encontrar carteles colgados en balcones y ventanas en los que se informaba de que un piso estaba en alquiler. A día de hoy, estos anuncios han desaparecido por completo. No solo porque la oferta sea «escasa», según coinciden los agentes inmobiliarios, sino porque «la gente lo que está haciendo es retirar los pisos» de este mercado. Por un lado, evitan darles publicidad con el objetivo de que «no se enteren los posibles 'okupas'». Por otro lado, ante esta incertidumbre, «hay muchos que han optado por venderlos», especifica Marina Villanueva.

Esta decisión se debe a los impagos y el vandalismo, que «poco a poco están aumentando», asevera. Ha sido cuestión de apenas unos meses, lo que el representante del gremio atribuye a que «la actual ley no protege a los propietarios, lo hace más a los inquilinos». «Si se mete a la vivienda una familia vulnerable, con dos hijos y que no tiene para pagar, el propietario es el que tiene que sufragar la calefacción, el agua y otros gastos; y la gente no quiere correr esos riesgos, tienen miedo», sostiene.

Esto explica que las alarmas de seguridad y las puertas acorazadas hayan proliferado en los accesos a los hogares. Asimismo, el presidente hace hincapié en las personas de mayor edad, pues muchas de ellas cuentan con un alquiler de un piso que completa su pensión pero el desasosiego ha provocado que «finalmente hayan decidido venderlo».

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Más afectados

No hay datos actualizados sobre los inmuebles que actualmente están ocupados ilegalmente, pero los datos recopilados por la oficina encargada de brindar información especializada en la materia, ubicada en la Cámara de Propiedad Urbana de la ciudad, señalan un repunte. Desde enero, las consultas llevadas a cabo para el asesoramiento y atención presencial de afectados se han duplicado, hasta alcanzar las diez. Segovia se convierte en la cuarta provincia con menos solicitudes de información de la región, ya que tan solo adelanta a Ávila (con dos), Salamanca (seis) y Palencia (ocho). La que más peticiones ha recibido ha sido Valladolid, con 58 asistencias realizadas.

El dato segoviano significa que se ha producido menos de una consulta al mes. Sin embargo, las visitas a la página web contabilizadas en el primer cuatrimestre ya suponen casi la mitad de las que se anotaron a lo largo de 2023, según la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. «Se está cumpliendo el objetivo, que es asesorar a pequeños propietarios que se enfrentan a una legislación estatal que dificulta la rápida reacción ante supuestos de 'okupación'», valora la Administración autonómica.

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El presidente provincial de las inmobiliarias recapitula varios consejos que proporciona a sus clientes y hace extensivos al resto de la población. «Es importante poner filtros a los inquilinos interesados en alquilar una vivienda», manifiesta. En su caso, antes de enseñar un inmueble, el interesado presentar las nóminas y contrato de trabajo, lo que se remite a una compañía aseguradora en aras de obtener un análisis de riesgos. No obstante, aunque «tengas todas las garantías, luego es decisión de cada persona el pagar o no pagar», resume.

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