La consejera de Sanidad, contundente: «El Policlínico no es nuestro y no lo vamos a reabrir»

Nunca había sido tan tajante y rotunda la Administración regional con respecto al Policlínico de Segovia. La nueva consejera de Sanidad, Verónica Casado ha cerrado la puerta con llave y ha puesto el candado a la esperanza de que la Junta de Castilla y León pudiera hacerse con el vetusto edificio de la calle San Agustín para aprovechar el inmueble con el fin de cubrir las deficiencias sanitarias que arrastra la provincia, tal y como viene reivindicando desde hace años la plataforma ciudadana que defiende la utilidad del edificio, hoy abandonado a su suerte.

De hecho, se van a cumplir once años en noviembre desde que el Policlínico clausurara de manera definitiva su actividad. Desde entonces, nada de nada. Ningún movimiento serio ni atisbo viable de hacer caso a las voces que reclaman la recuperación de la función sanitaria, entre la que estaría la de habilitar un hospital de estancias medias, por ejemplo, para paliar el déficit de camas, han justificado en múltiples ocasiones los representantes de la plataforma.

Pero si había alguna luz al fondo de un túnel, la consejera se ha encargado este lunes de apagarla. «Vamos a cerrar este tema», ha sentenciado Casado en su primera visita a Segovia como máxima responsable de la política sanitaria regional. Contundente, ha explicado que el Policlínico no es de la incumbencia de la Junta de Castilla y León. «No es nuestro y no lo vamos a reabrir», ha dejado más que claro la consejera.

Las declaraciones de Verónica Casado se desmarcan de la defensa que han venido haciendo los dirigentes segovianos de Ciudadanos (Cs), el partido por el que se presentó en las últimas elecciones autonómicas y al que representa en el organigrama de gobierno mixto surgido del pacto entre el Partido Popular y la formación naranja.

Hay que recordar las palabras de la actual portavoz de Cs en el Ayuntamiento de la capital y diputada provincial, Noemí Otero, que hace menos de un mes reiteraba el apoyo a la causa de la plataforma ciudadana defensora de la reapertura del Policlínico. Entonces, la también secretaria de Organización de las siglas 'ciudadanas' apostaba por recuperar el Dieciocho de Julio para solventar la carencia de camas hospitalarias de estancias medias.

Ahora su compañera de filas y consejera de Sanidad tira por tierra ese discurso al descartar totalmente que la Junta vaya a dar el paso de rescatar al Policlínico del abandono en el que se encuentra desde que se terminó su función sanitaria. Y para dejar claro que va a zanjar el asunto, se remitió a borrar la reutilización asistencial de este edificio de la lista de los asuntos que ella considera «necesarios» para la sanidad provincial.

En esta línea, sí citó los «dispositivos asistenciales que sí son prioridad de la Junta» en el ámbito territorial segoviano. Esas urgencias son tres: el centro de salud del barrio de Nueva Segovia y la reestructuración de la Atención Primaria que lleva aparejado; la puesta en servicio de otro centro de salud, el de Cuéllar, y la unidad de radioterapia. Fuera de esta terna de retos primordiales, «no voy a hablar de un futuro para el Policlínico porque sería engañar y marear un debate que ahora no podemos tener».

Para apuntalar el rechazo a intervenir en este inmueble, Verónica Casado ha hecho hincapié en que el Dieciocho de Julio en el argumento de la propiedad de las instalaciones. «No es de la Junta», ha reiterado al comentar que la Administración regional no se mete en aquellos temas que no son suyos. Y es que las llaves del edificio las tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social después de que ni la Federación Empresarial Segoviana ni los sindicatos quisieran ocuparlo tras ratificarse la declaración de patrimonio sindical acumulado.

Esta, la de la propiedad, ha sido una de las razones que ha esgrimido la Junta de Castilla y León en los últimos años para escurrir la demanda de recuperar para la vida sanitaria las viejas y vacías instalaciones situadas e pleno corazón de la ciudad. La otra gran justificación a la que se ha aferrado la Administración regional para desestimar la opción de devolver al Policlínico su función asistencial ha sido la económica.

En concreto, el elevado coste que traería consigo la obra de afianzamiento de la estructura y rehabilitación del bloque, ya que da por bueno un informe realizado por Ceseco en el que se detallaba el mal estado en el que se hallan las estructuras del edificio .

Por su parte, la plataforma ciudadana siempre se ha rebelado contra estas explicaciones para no hacerse cargo de la propiedad detrás de las que se ha escudado la Consejería de Sanidad, sobre todo el predecesor de Casado en el puesto, Antonio María Sáez. «De entre toda la amplísima documentación con la que contábamos decidimos adjuntar al informe únicamente el escueto escrito del Oficial Mayor del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que se reconoce que 'en el Registro de la Propiedad consta la titularidad a favor del Estado sin cargas ni gravámenes sobre la misma'», replicó en su día la plataforma.

La respuesta de la gerencia regional de salud fue incidir en que el inmueble pertenece al Estado y que la Administración autonómica «solo lo tuvo cedido en uso, habiendo procedido a su devolución en febrero de 2014». Un argumento que, para los responsables del colectivo en defensa del Policlínico «es una desfachatez».