Más de un conflicto laboral al mes requiere mediación del Serla en Segovia

Los sindicatos han puesto sus motores a pleno rendimiento. La búsqueda de acuerdos con la patronal de diferentes sectores y las empresas no está siendo un reto fácil. Más bien, todo lo contrario. En 2022, el futuro laboral de 7.300 trabajadores se decidió en el Serla y, en los últimos tres meses, se han sumado aproximadamente 1.300 más. No se descarta que en los próximos meses la cifra aumente considerablemente o, como mínimo se alcance el dato anotado en un último curso completo.

Esto se debe a que «estamos en época de negociación de convenios», refiere el secretario general de CC OO en Segovia, Alejandro Blázquez. El Serla nació con la pretensión de desahogar los juzgados y favorecer el diálogo para llegar a acuerdos. En los últimos quince meses ha abordado en la provincia, principalmente, el bloqueo en los diálogos para este cometido, así como el incumplimiento de las condiciones pactadas con las empresas.

En algunos casos, se ha recurrido a esta vía en un intento de evitar la huelga por la inaplicación del incremento salarial, impagos y retrasos, así como por discrepancias con el sistema de remuneración, el calendario laboral impuesto o el periodo de disfrute de vacaciones. También figuran conflictos por no abonar la ayuda al estudio o la nocturnidad en festivos.

De los 17 expedientes tramitados por el Serla desde principios de 2022, cinco se corresponden con industrias. Destaca la mediación que se realiza en esta rama, ya que «es donde más organizadas y sindicalizadas están las empresas», subraya Blázquez. Suelen ser grandes negocios o filiales asentados en diferentes zonas de la provincia con plantillas de más de 250 trabajadores, donde incluso se alcanzan hasta los 13 delegados sindicales. «En estos sitios es donde hay más problemas», remarca.

Los transportes y la limpieza de basura o de residuos protagonizan del mismo modo un mayor número de conflictos presentados en Segovia, con tres y cuatro casos, respectivamente. Le siguen empresas de ingeniería, sociosanitarias, de servicios y de intervención social. La buena noticia a juicio de los representantes sindicales es que, del total de solicitudes de inicio de un procedimiento, el 70% se han resuelto con avenencia sin llegar a los juzgados. Es decir, con conformidad entre las partes.

A día de hoy, queda por buscar la conciliación en tres conflictos colectivos -dos sectoriales-, que están recogidos en cuatro expedientes, dos de 2022 y el resto del presente año. De otro modo, la alternativa que contemplan los sindicatos para resolver un problema es la huelga. De hecho, muchas veces es la «única solución», ya que «hay muchos procesos que no se pueden arreglar en un juzgado, como es la negociación colectiva», defiende Blázquez.

El bloqueo de las conversaciones empuja a casi 1.200 trabajadores a movilizarse, según tiene en previsión el Serla. En concreto, se trata de los sectores de limpieza de edificios y locales, por no llegar a un acuerdo con la patronal Aspel; y de transporte de viajeros por carretera, donde el diálogo se mantiene con Asetra. A finales de febrero se inició el procedimiento en el organismo de mediación para la huelga, que se ha registrado finalmente en los últimos días. En el caso del transporte, este mismo miércoles.

«No se puede convocar una huelga sin llevarla antes al Serla», puntualiza el representante de CC OO. «Es un compromiso adoptado por patronal y sindicatos para que la paz social reine en el ambiente», insiste. Además, destaca que este procedimiento permite retomar las conversaciones y llegar a acuerdos antes de dar comienzo las movilizaciones, como sucedió con el transporte urbano a principios de marzo. «Es importante dar una oportunidad a la mediación», sostiene Blázquez.

Según el boletín de estadísticas laborales de la Junta de Castilla y León, el año pasado se llevó a cabo en Segovia una huelga por iniciativa provincial, cuatro de carácter autonómico y 36 nacionales. Fue uno de los periodos más turbulentos. El número de expedientes presentados en 2022 al Serla es uno de los más elevados de la última década, aunque está muy por debajo del registrado en 2013, cuando superaron los 30.

Los sindicatos con representación en la provincia se posicionan en contra de la petición de eliminación de esta entidad pública que ejerce como una entidad jurídica capaz de gestionar las aportaciones que reciben de la administración autonómica. «Es muy importante mantener este servicio con mediadores entre empresas y miles de trabajadores al año», declara secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Segovia, Olga Sánchez.

Su supresión es una propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de la que es titular Mariano Veganzones (Vox), para «homogeneizar la prestación del servicio». Aunque se ha retirado un 60% de la subvención habitual, finalmente aceptó financiar el Serla únicamente para conflictos colectivos y descartar los individuales. Esto no afecta a Segovia, donde esta última función pertenece a la unidad de mediación y conciliación correspondiente.

No sucede lo mismo en Valladolid, donde «la Audiencia Nacional legitima a los sindicatos mediar en conflictos individuales, lo que se pretendía extender a todas las provincias y se paralizó», reconoce Blázquez, quien es partidario de que el Serla participe de estos casos como servicio gratuito y con sus propios mediadores. Además, «tiene un coste mínimo», considera. En caso contrario, si un empleado actualmente no llega a un acuerdo con su empresa, «el siguiente paso es acudir a los juzgados, que tiene un mayor coste», concluye.