Concepción lamenta que no se haya invertido «un solo euro» en oficinas para las víctimas

Concepción hizo estas declaraciones con motivo de su participación en la Comisión Mixta, celebrada en el Colegio de Abogados de Segovia, en la que abordaron la situación de la justicia en la Comunidad y que también contó con la presencia del presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo.

La sede del TSJ cuenta con unas dependencias con circuito de videoconferencia que permiten a la víctima declarar sin tener ningún tipo de contacto con el acusado, tal y como exige la ley. Sin embargo, según Concepción, todavía «faltan muchas otras cosas» contempladas por la misma legislación, como el apoyo psicológico a la víctima y la figura de un trabajador social, además de convenios con organizaciones que procuren la justicia restaurativa. «Solo de este modo se logrará que la víctima este verdaderamente protegida», apostilló.

Por otra parte, se refirió a otro de los problemas que afectan a la justicia a nivel autonómico, la carencia de equipos psicosociales en cinco de las nueve provincias de la Comunidad. En concreto, Segovia, Palencia, Zamora, Ávila y Soria no disponen de especialización en materia de familia y, por tanto, el único gabinete psicosocial que tienen es el adscrito a los juzgados de menores o de violencia. Estas provincias tienen que hacer «verdaderos equilibrios» para elaborar informes que son imprescindibles para resolver casos como los de custodia compartida, entre otros, aseveró. Valladolid, Salamanca, León y Burgos sí que cuentan con juzgados de familia y con equipo psicosocial, sin embargo, tampoco están exentas de problemas, ya que «no dan abasto para satisfacer todos los informes», según Concepción. Asimismo, apuntó que estos casos deberían de resolverse en tiempo y plazo, pero la saturación por falta de personal está provocando demoras de entre 8 y 10 meses.

Para paliar esta situación es necesario que el Ministerio de Justicia aporte una solución que evite la desigualdad entre los ciudadanos que viven en las diferentes provincias de Castilla y León. En la misma línea, ha reclamado que se permita la comunicación entre los diferentes gabinetes psicosociales para que trabajen en todas las materias.

A este asunto, también se refirió el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, quien indicó que los equipos psicosociales en la Comunidad son una necesidad apremiante. A su juicio, esta situación está ocasionando retrasos de hasta un año en los asuntos de familia que requieren de informes elaborados por este servicio, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales. «Los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de esta falta de profesionales que afecta directamente a sus derechos fundamentales», lamentó.

Por otra parte, Sanz Orejudo explicó que en los órganos judiciales de Castilla y León hay una importante carencia de medios materiales y humanos y criticó que desde los cargos políticos no atiendan los suficiente a esta materia, al menos, desde el punto de vista económico. Por ejemplo, recuerda que en Segovia sería necesario un juzgado de lo penal más. Sin embargo, reconoció que la situación de la Comunidad es bastante razonable si se compara con el resto del país, eso sí, incidió en la necesidad de ser exigentes y reivindicar que las cosas funcionen todavía mejor. El objetivo de las medidas que se han puesto sobre la mesa en este encuentro es, según especificó, lograr un mejor servicio para la sociedad porque «si la justicia no responde a los ciudadanos en un tiempo razonable deja de ser justicia», recalcó. Por eso, también criticó que haya provincias en las que se tarda un año y medio en dictar sentencia en Primera Instancia o en las que la admisión de demandas se demora varios hasta que se tiene la primera providencia o diligencia judicial.

Por último, el presidente del TSJ, José Luis Concepción, confirmó que en Castilla y León se vive en un cierto oasis dentro del territorio nacional en cuanto al funcionamiento de la administración de la justicia. Eso sí, habló de la existencia de «carencias y disfunciones muy puntuales en las nueve provincias», por ejemplo, los problemas con las cláusulas de los juzgados especializados, que desde hace un año están ralentizando el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia.